Algunas reflexiones sobre el secreto de sumario como límite a la actividad informativa

 

Leopoldo Abad Alcalá
Doctor en Ciencias de la Información
Profesor de Derecho de la Información

 

            El secreto sumarial es otra de las figuras procesales que mayor número de enfrentamientos produce entre los órganos judiciales y la prensa, quienes se acusan mutuamente de interferir en las actuaciones que su profesión les exige. La justificación habitual del secreto de sumario parte de la necesidad de que el juez o tribunal mantengan  en secreto las investigaciones, bien para el adecuado desarrollo de éstas, bien para evitar que en determinados procesos aparezcan el nombre de los implicados, protegiendo de esta forma intimidad y honor.

            En otros países de tradición jurídica continental[1], existen figuras legales similares, como en Francia donde el Code de Procédure Pénale de 1.958 establece en su artículo 11 que “salvo en los casos en que la Ley disponga otra cosa y sin perjuicio de los derechos de defensa, el proceso durante el curso de la enquête y de la instruction es secreto. Toda persona que intervenga en este proceso está obligada a mantener el secreto profesional en las condiciones y bajo las penas de los artículos 226-13 y 226-14 del Código Penal”. Por su parte en Italia, el artículo 329.1 del Codice di Procedura Penale  de 1989 señala que “los actos de investigación realizados por el ministerio público y por la policía judicial están cubiertos por el secreto hasta que el imputado puede tener conocimiento de ellos, y en general, hasta el momento de clausura de la fase de investigación”. Junto a éste hay que mencionar el artículo 114  que prohíbe con carácter absoluto la publicación –incluso parcial o resumida- de los actos cubiertos por el secreto y de su contenido. Distingue así la legislación italiana entre el secreto interno (art. 329.1) que defiende el éxito de la actividad investigadora y el secreto externo (art. 114) que defiende los derechos de los investigados[2].

            En Alemania también encontramos el secreto de la instrucción en el proceso penal, pero no hay un artículo específico que lo recoja sino que se infiere a través de varios artículos de la Strafporzessordnung (StPO). Del par.168 c) ap.2 se permite la presencia de la fiscalía, del inculpado y del defensor en el interrogatorio judicial de un testigo o de un perito, aunque el ap. 3 excluye la presencia del inculpado cuando ponga en peligro la finalidad de la investigación. Asimismo el ap.2 del par.147 niega al defensor la posibilidad de conocer la causa una finalizada la instrucción si con ello se introduce un peligro para sus fines. Respecto a la relación entre el secreto de las actuaciones judiciales y las actuaciones periodísticas, sólo el par.353 d) de la Strafgesetzbuch (StGB) penaliza la violación de la obligación de secreto del titular de la instrucción cuando se produzcan ciertas comunicaciones prohibidas antes de que los autos sean traidos a la vista.

            También los organismos internacionales se han manifestado en cierta medida sobre las relaciones entre organos judiciales y medios de comunicación. Como explicita Rodríguez Bahamonde[3], tanto el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 posibilitan la existencia de una derogación en el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales en la fase de investigación del proceso penal. El Tribunal Europea de Derechos Humanos en sus sentencias de 8 de diciembre de 1982 (Asuntos Pretto y Axen) y de 22 de febrero de 1984 (Caso Sutter) ha considerado que el principio de publicidad no es aplicable, desde su perspectiva de garantía de los justiciables contra una justicia secreta que escape a la fiscalización del público, a todas las fases del proceso penal, sino tan solo al juicio oral que lo culmina y al pronunciamiento de la Sentencia. En esa misma línea se ha pronunciado el TEDH en la Sentencia del Caso Weber de 22 de mayo de 1990.

            En nuestro Ordenamiento jurídico el secreto sumarial se halla recogido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), que establece que las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral. La Exposición de Motivos de la citada LECr considera que es necesario el secreto de sumario  en cuanto es necesario para impedir que desaparezcan las huellas del delito, para recoger e inventariar los datos que basten a comprobar su existencia y reunir los elementos que más tarde han de utilizarse y depurarse en el crisol de la contradicción durante los solemnes debates del juicio oral y público[4].

Frente a ello, la Constitución de 1978 establece en su artículo 120.1 que las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Ante esta aparente ambigüedad, el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada ha marcado el verdadero alcance que el secreto sumarial alcanza en nuestro país. Así la STC 13/1985, de 31 de enero, considera que la regla que dispone el secreto de sumario es, sobre todo, una excepción a la garantía institucional inscrita en el artículo 120.1 al establecer que “puede decirse que el proceso penal, institución con la que se trata de hacer efectiva la protección del ordenamiento a derechos reconocidos en este Título, puede tener una fase sumaria amparada por el secreto y en cuanto tal limitativa de la publicidad y de la libertad. Pero esta genérica publicidad constitucional del secreto sumarial no está, sin embargo, impuesta o exigida directamente por ningún precepto constitucional y, por lo mismo, se requiere, en su aplicación concreta, una interpretación estricta, no siendo su mera alegación fundamento bastante para limitar más derechos -ni en mayor medida de los necesario- que los estrictamente afectados por la norma entronizada del secreto”.

            Lo que se pretende con el secreto sumarial es evitar los denominados juicios paralelos, que como indica Muñoz-Alonso[5], llevados a cabo por los medios a través de sus informaciones y reportajes, determinan de hecho inocencias y culpabilidades, llevando a la opinión pública firmes convicciones acerca de los asuntos sometidos a juicio. Mas si esto parece evidente, existen opiniones que justifican la publicación de informaciones relativas a la instrucción de un sumario declarado secreto, y lo justifican desde varios postulados : a) informar sobre las investigaciones permite proteger al acusado frente a posibles actuaciones torticeras o inconsistentes de los órganos judiciales b) si la justicia emana del pueblo, éste posee el derecho a conocer sus actuaciones c) en múltiples ocasiones, las investigaciones periodísticas han servido de base a posteriores actuaciones judiciales, aportando datos trascendentales para que se logre impartir justicia d) supone cercenar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz recogido por el artículo 20.1.d) de la Carta Magna.

            Sobre la cuestión de los juicios paralelos se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, quien el 2 de julio de 1997 publicaba un informe en el que expresaba que “el principio constitucional de publicidad del proceso, que despiega su máxima amplitud durante la fase del juicio oral, se erige no sólo en garantía de las partes, sino en instrumento para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la independencia e imparcialidad de sus Tribunales. En efecto, la recta administración de la Justicia requiere la colaboración de una opinión pública informada y es en este ámbito en el que alcanza su más alto nivel de protección el derecho a la libertad de expresión y a recibir información veraz. Por ello, este Consejo, en consonancia con lo declarado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de manifestar su preocupación ante el riesgo de que la serena administración de la Justicia pueda verse perjudicada, creándose una grave confusión y falsas expectativas en la opinión ciudadana, cuando los intervinientes en un proceso se ven sometidos en los medios de comunicación a un seudojuicio o juicio paralelo sin garantía alguna. En un Estado de Derecho, los Tribunales son los únicos órganos ante los que se pueden practicar válidamente las pruebas que han de servir de sustento a la sentencia”. No obstante, y como indica José Augusto de Vega[6], no se puede achacar sólo a los periodistas la existencia de juicios paralelos, pues a ello no son ajenos algunos jueces y fiscales que ayudan a crear en torno a algunos juicios un ambiente enrarecido.

            Una postura ecuánime es la que aporta el profesor Desantes Guanter[7] al establecer las siguientes precisiones : 1) Que toda información que pueda influir negativamente en la consecución de la justicia por parte de los jueces, ha de ceder, como derecho, ante las exigencias de la justicia que con el procedimiento procesal se persigue. 2) Que, por el contrario, existen informaciones que pueden contribuir a reunir elementos fácticos o a evitar interferencias, y que en consecuencia han de ser fomentadas. 3) Entre ambos supuestos extremos puede darse una gama de situaciones intermedias solucionables si se tienen claros los principios y se aplican debidamente a cada caso. 4) Que en la duda, la excepción del silencio debe ceder ante la regla general informativa que afecta al objeto. 5) Los medios de información no pueden sustituir, con su juicio, el juicio del juez. Por lo tanto, no deben formar una opinión pública, que contradicha en la sentencia, dictada con más conocimiento de los hechos y del derecho, predisponga al público frente a la función judicial. 6) Sea cual fuere la presión de la opinión pública, y haya sido o no configurada por la información, el deber de independencia de los jueces no está en el público, ni en los informadores, ni en las empresas informativas, sino en los jueces mismos. Una cosa es que no se deba perturbar al juez y otra que él sea permeable a cualquier pertubación que se pueda producir extramuros de su conciencia.

            El Tribunal Constitucional ha establecido el ámbito de relación entre el derecho a la información y la regulación del secreto sumarial, al establecer en la sentencia anteriormente citada que “lo que persigue la regla impositiva del secreto es impedir tal conocimiento y ello en aras de alcanzar, de acuerdo con el principio inquisitivo antes aludido, una segura represión del delito. Por consiguiente, aquellos datos a los que no se tiene acceso legítimo no podrán -a fortiori- ser objeto de difusión, por cualquier medio, lo cual implica un límite del derecho a informar, pero sólo de modo derivado, es decir, en la medida en que aquello que se quiera difundir o comunicar haya sido obtenido ilegítimamente, quebrando el secreto mismo del sumario, esto es, en la medida en que se esté ante lo que llama la ley procesal misma una revelación indebida. Y prosigue el Alto Tribunal “que no puede transgredirse la reserva sobre su contenido por medio revelaciones indebidas o a través de un conocimiento ilícito y su posterior difusión. Pero el secreto del sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos singulares o hechos colectivos cuyo conocimiento no resulte limitado o vedado por otro derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 de la Constitución española sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar, con el único argumento de que sobre aquellos elementos están en curso unas determinadas diligencias sumariales. De este modo, el mal entendido secreto del sumario equivaldría a crear una atípica e ilegítima materia reservada sobre los hechos mismos acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el órgano judicial, y no sobre las actuaciones del órganos judicial que constituyen el sumario”.

            De todo ello podemos deducir que nada impide al periodista en el cumplimiento de su función pública el investigar determinado caso, pero es evidente que si bien desde un punto de vista legal se encuentra en alguna medida legitimado, desde una perspectiva deontológica la cuestión implica ciertas connotaciones a considerar. Por un lado, el informador debe valorar si la noticia que va a ofrecer aportará mayores beneficios o inconvenientes, teniendo en cuenta si la trascendencia de la información justifica el atentado contra el secreto impuesto por el juez. Así deberá sacar sus propias conclusiones sobre la publicación, debiendo discernir entre la información verdaderamente trascendente y la simplemente vendible.

            Hay que añadir que el caso de la publicación de datos o novedades sobre un proceso judicial que se lleva a cabo, todas las posibles conclusiones que se infieren de esta publicación deben ser puestas en tela de juicio por su provisionalidad. Pero estas informaciones tienen una mayor trascendencia en el caso de juicios que se desarrollarán ante un jurado popular, puesto que en gran medida se hallaran condicionados por las informaciones publicadas, así como los testigos, que tendrán ciertas dudas cuando deban declarar en contra de una información, en principio ,perfectamente documentada.



[1] En el Reino Unido encontramos la Contempt of Court Act de 1.981 que regula de forma pormenorizada las posibles interferencias de los medios de comunicación en el procedimiento judicial, y que establece de forma pormenorizada y tasativa las posibles actuaciones ilícitas en que se puede incurrir al informar sobre un procedimiento en curso.

[2] Sobre este tema en particular y sobre la relaciones entre prensa y secreto judicial es altamente recomendable el libro de Rosa RODRÍGUEZ BAHAMONDE, El secreto de Sumario y la libertad de información en el proceso penal, Dykinson, Madrid, 1999.

[3] RODRÍGUEZ BAHAMONDE, R., Op. Cit., pág. 226.

[4] El juicio oral siempre tendrá carácter público en nuestro Ordenamiento jurídico, lo que se desprende de la conjugacuión de los artículos 680 de la LECr, el artículo 120 de la Constitución española y el artículo 232 de la LOPJ.

[5] MUÑOZ-ALONSO, A., Política y nueva comunicación. El impacto de los medios en la vida política, Fundesco, Madrid, 1989, pág. 121.

[6] VEGA RUIZ, J.A. de, Libertad de expresión, Información veraz, Jucios paralelos y Medios de Comunicación, Universitas, Madrid, 1998, pág. 68.

[7] DESANTES GUANTER, J. M. , La función de informa, Universidad de Navarra, Pamplona, 1976, pág. 129.