Editorial


Universidades públicas

   En los últimos meses, la Universidad pública española se encuentra revuelta. Es raro el día en el que, desde los medios de comunicación, no se realiza algún comentario sobre su situación (este texto es un ejemplo próximo y evidente de ello). El caso está justificado. Cuando se trata de reformar la Universidad, siempre se alzan voces a favor y en contra del tipo de reforma que se quiere realizar.

No queremos tomar aquí partido por ninguna de las opiniones en liza. Solo queremos señalar lo triste que resulta que de todos los aspectos que están sobre el tapete, los dos aspectos que más comentarios han suscitado, casi llegando a centrar el debate, sean los referidos a la elección de las autoridades académicas y a los mecanismos de habilitación universitaria.

Sin duda son la constatación de la crisis universitaria existente. Cualquier proceso de reforma solo puede concluir satisfactoriamente si se establece previamente un análisis de las causas que han determinado esta situación. Porque, por mucho que se quiera polemizar, el hecho cierto es que la situación es crítica. El problema es que gran parte de las soluciones que se ofrecen por algunos no son más que intentos velados de mantener la misma situación. Hay demasiados intereses hoy en las universidades: individuales y colectivos, personales y de grupos.

Se haga lo que se haga con la reforma, nada cambiará si no se cambian las actitudes, las mentalidades y los hábitos que se han ido generando a lo largo de estas últimas décadas. Responsabilizar a las leyes es muy sencillo. Es la forma de liberarse de responsabilidades. La comunidad académica en su totalidad es responsable de la situación actual y solo si la totalidad de la comunidad académica así lo reconoce será posible hacer algo. Es necesario, ante todo, tener un modelo real de universidad pública, un modelo doblemente necesario en unos momentos en los que todo lo que se derive del Estado parece un modelo superado por la Historia. Las personas que sienten una vocación pública y que no ven su estado de funcionarios como una opresión, castigo o limitación, sino como una forma de cumplir una función social, deberían tener alguien que les explicara qué papel se asigna a la Universidad y a ellos mismos.

Es preferible debatir primero sobre esto a hacerlo antes sobre cómo se va elegir a los rectores y decanos o cómo se va a seguir la carrera docente. De otra manera, elegiremos personas sin saber para qué o nos lanzaremos a unas carreras docentes sin saber cuál es su función. Me temo que entre búsquedas de tramos, de miembros de tribunales, de cursos paralelos, de votos de apoyo, de empresas que nos financien y dinero para proyectos, hemos perdido la alegría de enseñar e investigar. Se ha acusado al proyecto legislativo de recelar de la Universidad. Deberíamos plantearnos si, de ser cierto, parte de ello no está justificado.

El Editor

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