Supuestos y paradojas
de la comunicación social en Venezuela

Nelson González Leal


 

   
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La ética es un elemento básico para el desarrollo de la naturaleza humana en su relación con el medio social, en tanto determina la estructura moral del medio y la manera en que el individuo acuerda con éste las relaciones de intercambio. En este marco, y merced a la influencia sociopolítica que el manejo de la información implica para el correcto desenvolvimiento de estas relaciones de intercambio, el grado de eticidad comunicacional al que responden los principales vehículos de permuta informativa de la sociedad venezolana, los mal llamados Medios de Comunicación Social -a quienes prefiero denominar con una categoría mucho más acorde con su naturaleza política, económica y mercantil, que es, al fin y al cabo la que los determina: Medios de Entretenimiento Masivo (MEM)- nos sitúa frente al problema de establecer los criterios de una necesaria correspondencia entre la ética de la comunicación y el ethos social.

Y como resulta imposible eludir que lo que debería ser un proceso integral de comunicación -societario1, en esencia- se encuentra hoy en Venezuela circunscrito al simple enfoque informativo, considero que se impone la necesaria y pertinente revisión de los conceptos que los llamados Medios de Comunicación Social venezolanos tienen de las diferentes categorías comunicacionales, así como del tratamiento que le otorgan frente al público, en función del campo de intereses que manejan como empresa y a la determinante aplicabilidad de su lógica comercial.

Para nadie es un secreto que por cada una de las categorías comunicacionales básicas existen conceptos específicos de la naturaleza del proceso que resulta necesario considerar, en función del nuevo enfoque sociopolítico que en Venezuela se le está dando al problema comunicacional y mediático: tornar a la ética de la comunicación en un instrumento de control informativo.

Esta consideración tiene su base en una inquietud concreta: llegar al por qué de la avasallante fragilidad conceptual y de la escasa capacidad para establecer diáfanas categorías que imperan en el oficio periodístico, es un asunto de vital urgencia para la profesión misma y, en general, para toda la sociedad venezolana, si es que no queremos vernos envueltos -y sin posibilidad de retorno- en la mediatizante cultura de la acriticidad. Esta cultura -denominada cooltura por algunas transnacionales del entretenimiento mediático- depende del poder sociocultural e ideológico abarcado por un pragmatismo utilitario que impulsa a dejar a un lado la necesidad de saber con propiedad, armonía, exactitud y justicia lo que el hombre es y cómo lo que es va determinando lo que lo rodea.

En este sentido, resulta válido exigir que sea aquella frase escrita por John Dos Passos en su novela Paralelo 42 la que guíe a los periodistas en su labor profesional, más que cualquiera de las deontologías contemporáneas, pues en ella se sitúan los términos de la labor periodística en su justo rango y a favor total del periodista como profesional capaz y cabalmente comprometido con su labor intelectual y crítica, que es, al fin y al cabo, lo que todo verdadero comunicador hace: “el anhelo de todo periodista era desentrañar el significado exacto de todo cambio operado en la realidad”2.

Ahora bien, debe recordarse que Dos Passos definía esta labor como un anhelo. Esa función de develador de significados era -según el escritor estadounidense- la aspiración más alta de la voluntad periodística. Acá es necesario agregar que el periodista debe esforzarse por lograr un desentrañamiento no sólo exacto, sino justo y responsable. Y, para favor de esa armónica correspondencia entre ética de la comunicación y ethos social, debería ser esta la función propia del periodista, algo más loable que la mera búsqueda, preparación y redacción de noticias, o que la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas, reportajes y demás trabajos periodísticos, según reza en la ley de ejercicio de la profesión en nuestro país3. (Como ven, estoy firmemente convencido de que el periodista debe dejar de ser la simple extensión del grabador, del procesador de palabras o de la cámara fotográfica, en que lo ha convertido la urgencia de intereses impuesta por el poder empresarial de los MEM).

Todo esto se relaciona con las ya suficientemente manipuladas, confusas y fragilizadas categorías de la libertad de comunicación: la libertad de expresión, la de información y la de prensa, y con la aclaración de los ámbitos y niveles en que estas se aplican; porque para entender el juego de intereses presente en la realidad comunicacional venezolana basta con advertir la manera tan irresponsablemente indiferenciada como son empleados estos términos tanto por periodistas, como por directores y dueños de Medios.

 

Algunos supuestos, y también las paradojas

Dentro de este marco y sólo con la simple intención de motivar una reflexión mayor, creo pertinente establecer los siguientes supuestos:

1.- El periodista venezolano cumple una función básicamente reproductora de contenidos noticiosos, sin mayor autonomía que la que el Medio le permite para discernir sobre éstos. Es decir, se encuentra sometido por el rol técnico: recabar la información y elaborar o construir la noticia a partir de ésta, lo que significa un proceso mecánico, o simplemente técnico, donde la aplicabilidad del intelecto y/o de la capacidad de análisis e interpretación continúan ausentes. Esta condición obedece al principio de acriticidad impuesto por la lógica empresarial de los llamados Medios de Comunicación Social; siendo que, para favor de un cabal desarrollo profesional, así como para garantizar la fehaciencia informativa y el esquema dialéctico de la comunicación, el periodista debería realizar el análisis y la interpretación con el objetivo de aproximarse a la verdad del hecho en concreto y a la proyección de sus posibles consecuencias, apegado a un criterio de equidad y justicia social, sin juzgar elemento alguno del acontecimiento4.

2.- En la profesión el imperio deontológico determina el criterio de justicia social desde una perspectiva jurídica privada.

El escritor y político nicaragüense Tomás Borge dice, en su célebre testimonio sobre el proceso revolucionario de Nicaragua, titulado La paciente impaciencia5, que entre los efectos de la Segunda Guerra Mundial está el de haber puesto de moda las palabras democracia y libertad, y yo me atrevo a agregar que la de comunicación. De igual manera sucede que la comunicación en Venezuela fue objeto de una circunstancia política bastante moderna: la potenciación de normativas particulares, gremiales o internas, con tendencia al igualitarismo categorial y al establecimiento de cotos lindados por privilegios especialísimos6.

Venezuela, por razones que no viene al caso analizar en este trabajo, entró tarde bajo esta estela, pero se ajustó con premura al rango en que los vencedores de aquel conflicto situaron los términos de libertad, democracia, comunicación y Medios. Todos, bajo la égida del nuevo interés globalizador, comenzaron a tomar cuerpo en un sistema de relación bastante aberrado y aberrante que constituyó a los llamados Medios de Comunicación Social -empezando por la prensa escrita- en el mecanismo más eficaz para controlar el proceso comunicacional, es decir, la libertad y la democracia, mediante la acumulación de poder económico (bajo una estricta lógica comercial) y la potestad de establecer la normativa del proceso mismo, de su funcionamiento y de sus condiciones.

El origen de esta situación es -como lo señala José María Desantes Guanter7- un criterio político de tendencia liberal que establece a la actividad informativa como potestad especial de instancias privadas (en la vertiente jurídica estas instancias pueden ser supraindividuales o no), para garantizar que se ejecute de manera libre. Es decir, tanto el estudio del derecho a la información, como el establecimiento de normativa al respecto del mismo -y por extensión de todo el proceso comunicacional-, se aborda desde la perspectiva de los Medios y de sus intereses, así como desde el interés gremial de los profesionales de la comunicación social, y aun desde el interés privado del público, en lo que al denominado derecho a réplica se refiere. Pero no desde la real perspectiva pública de la información o del proceso comunicacional, que, entre otras cosas, equivale al derecho del público a estar fehacientemente informado y a participar interactivamente del proceso comunicacional.

Ahora bien, resulta clara la consecuencia de este asunto: la normativa se erige como la única ley válida para determinar el alcance del Medio, llegando, incluso, a regir sobre los factores externos que podían determinar o advertir sobre el proceso, y algo bastante más grave aún, con esto se le adjudicó al periodista la absoluta potestad sobre un derecho universal y de libre uso por cualquier ciudadano en su carácter de ser social, el de comunicar lo que se le antoje, con la única restricción que impone la justa, sana, pacífica y equilibrada convivencia comunitaria.

Pues bien, en el contexto del presente análisis, se considera evidente que pocos periodistas, pocos de esos profesionales de la comunicación social percibieron la trampa: con esto el Medio, y el poder económico y político tras éste, garantizaban el dominio sobre el desarrollo comunicacional, al subordinar la categoría comunicación a un ejercicio profesional controlado por ellos.

Dentro de esta perspectiva surge otro supuesto: el Medio es el gremio, pues es quien controla y determina los alcances profesionales del periodista; es quien establece la medida del poder de la profesión y quien ensalza o subyuga la ética profesional, de acuerdo a sus muy particulares prioridades. Y, además, se ha constituido en la única fuente capaz de proveer, desde el punto de vista de la práctica profesional, elementos tan preciados como el conocimiento, la eticidad, la epistemología y, algo bastante importante, la seguridad de subsistencia.

Bastante paradójico el asunto, ¿cierto? Pues bien, este manejo mediático cumple su objetivo: atonta, y ubica al periodista dentro de dos paradojas modernas -ya definidas por Antoine Compagnon-, el prestigio de lo nuevo, desde donde, para sostener lo nebuloso de nuestra positiva modernidad, debe hablarse de lo nuevo (como culto, inclusive), “pero cuidándose de no aportar nada nuevo”8, y la otra paradoja, denominada feria de las ilusiones, que es consecuencia de la degradación de la primera, preparada por la fabulosa precipitación del criterio de renovación puesto también de moda -por cierto- desde la Segunda Guerra Mundial, y que estableció el dominio de un mercado mediatizador de la calidad del contenido conceptual y programático de las categorías libertad, democracia y comunicación9.

La pregunta válida en este caso es ¿Quién se percata del desvío de intereses que camina por la cuerda floja de este circo? A casi nadie le atrae ya el estudio sistemático de la comunicación como proceso, como sistema relacional, como mecanismo de conformación de identidades políticas, sociales y comunitarias. Ahora lo relevante es el estudio del Medio como fuente y su potestad sobre las determinaciones del proceso: el Medio es el proceso mismo, en cuanto actúa como generador de información10 y como garante de la libre circulación de la información -a través de los organismos destinados a cuidar la categoría de libertad de comunicar. Y se retorna así al supuesto: el Medio es el gremio, es el bloque, es la prensa, es la ley.

 

Sobre conceptos y confusiones

Resulta clara la confusión conceptual en frases que, para referirse a una misma categoría, emplean términos de distinta significación: no es lo mismo hablar de libertad de expresión, que de libertad de prensa, aunque los peligros de una puedan ser los mismos para la otra. La libertad de expresión -permítaseme aquí el atrevimiento categorial- es un derecho natural y universal consagrado por la naturaleza misma de la democracia y soportado jurídicamente en cada Carta Magna y en las distintas declaraciones sobre los derechos universales del hombre11. Este derecho se ubica, universalmente, por encima de cualquier deontología, como por sobre cualquier política interna o código normativo gremial. Es del disfrute absoluto de todo ciudadano o persona que habite sobre la tierra, porque es un derecho de uso y no de propiedad (Es decir, natural y no positivo, aunque pretenda ser o pueda estar reglamentado). En su letra se establece, además, como correlato, la prerrogativa del empleo de cualquier medio para ejercer la facultad de comunicar.

La libertad de prensa se aplica, como derecho universal, en dos direcciones: 1ra.- En cuanto al uso del Medio por el Medio mismo y 2da.- En cuanto al uso del Medio por el ciudadano común. Por la primera vía circula el dominio del Medio sobre el uso y sistematización de la información, de acuerdo a su política editorial y a los criterios comunes de fehaciencia, pluralidad y justicia. Por la segunda, se mueve el derecho del ciudadano a exponer, a través del Medio, sus criterios, opiniones, o réplicas a una información considerada como dañina por no fehaciente, tergiversada, etc. Ahora bien, como derecho natural, la libertad de prensa asiste a la propiedad más que al uso, y he allí una de las ventajas del Medio. Naturalmente, la libertad de prensa se aplica y beneficia al Medio mismo, en cuanto es éste quien tiene la potestad sobre la recolección, sistematización y circulación del contenido periodístico, materia con la cual se nutre.

Se tiene pues que, en medio de estas dos libertades se encuentra la garantía a la libre circulación de la información, que, como claramente expresa su denominación, no es otra cosa sino el flujo incondicional de los contenidos informativos a través de los canales destinados para ello. Ahora bien, este flujo informativo debe sistematizarse u organizarse bajo los criterios de fehaciencia, pluralidad y justicia que la libertad de expresión y la de prensa reclaman y deben garantizar; además, por supuesto, de las determinaciones de la política editorial y de los criterios propiamente técnicos aplicados al manejo de la información.

Debo señalar, en consecuencia, que quien encuentra discordante hablar de flujo incondicional y de sistematización determinada como parte de un mismo proceso ignora la condición dialéctica de todo desarrollo comunicacional, y quien lo sostiene como tesis, para justificar algunas mediáticas patentes de corso, además de ignorar deliberadamente la condición señalada, obvia el hecho de que independencia crítica y discursiva no es igual a anarquía legal, ni mucho menos a privilegios de poder o a injusticia distributiva.

En la misma línea elusiva, indicada en el párrafo anterior, puede ubicarse la alarma ante la demanda de fehaciencia y de derecho a réplica. Hay que entender que la comunicación no es ni atropellante ni comulgante y que, como bien lo expresa el teólogo jesuita Jesús Aguirre, tampoco debe ser tan simplona como para “dejarse briznar por cantos de comunión”12. Ello la torna peligrosa, resueltamente peligrosa, pero sólo para quien guarda secretos. Además, ante un palmario desentrañamiento de la realidad -para no utilizar el término veraz, que parece producir tanta urticaria a los modernos comunicadores sociales- cualquier réplica resulta insustancial e insostenible. Por ello, el temor ante estas demandas -del todo democráticas, por cierto- sólo se explica por el riesgo al que someten a los detentores del privilegio comunicacional. Sin duda, debe hacerse un esfuerzo para comprender lo siguiente: en el proceso de comunicación son los Medios y sus dueños quienes han introducido la injusticia, y en el marco de sus supuestas libertades sólo se encuentra encarcelado el periodista, mientras que la sociedad se expone a recibir un tratamiento bastante inarmónico y poco ético.

 

Una conclusión objetiva

Por todo lo expuesto se plantea entonces el problema como vigente y toda la relación categorial descrita hasta ahora lo demuestra, así como establece la necesidad de abordarlo con criterio de equidad y de justicia: ¿cuál es el trato real que le otorga a la ética de la comunicación el principal vehículo de intercambio informativo de la sociedad venezolana, a qué intereses responde y cómo determina esto su perfil social?

Por último, considero que resulta útil anotar un aspecto que hasta el momento se ha mantenido al margen en este artículo, más por razones de circunscripción del análisis a un ámbito específico y, por ello, con mayor posibilidad de ser cubierto, que por cualquier otra causa: la influencia sociopolítica que genera en la actualidad el manejo de la noticia se articula con una modulación más expresiva en el campo del periodismo de opinión, y aún cuando el presente trabajo se concentra en la labor del periodista-reportero (tal como se refleja en el supuesto número 1), no se obvia la responsabilidad de aquel ejercicio periodístico que, por su naturaleza básica, posee mayor rango de oportunidades para dedicarse a “desentrañar el significado exacto de todo cambio operado en la realidad”.

Claro está que lo anterior implica un nuevo artículo donde se realice el examen de otro concepto básico para el desarrollo comunicacional y, por ende, para el logro de la correspondencia entre ética de la comunicación y ethos social: el de la objetividad periodística, que, como resulta frecuente, podría ser manejado de manera taxativa como el mecanismo idóneo para la debida instauración de la fehaciencia informativa. No obstante, creo que, en atención a la simple naturaleza humana, al tratar el tema de la objetividad periodística debe tomarse en cuenta aquella premisa de la filosofía existencial que establece un límite humano para toda pretensión objetiva -sobre todo en relación con el criterio de verdad-, puesto que ello otorgaría un mayor alcance a la objetividad periodística al contemplarla como un método que no desdice de la interpretación subjetiva (es decir, no determinista), puesto que no siempre el hecho noticioso se produce por una simple relación de causa y efecto. Y esto conlleva un correlato: la objetividad periodística actúa como válvula reguladora del carácter ético del Medio, y como ingenio propiciatorio de la fuerza que genere y detente la opinión pública.

 

Notas:

[1] Se emplea el término societario en una aproximación a la idea del contrato social como mecanismo de relación y desarrollo armónico del Estado y la sociedad, en contraste con la noción capitalista de la propiedad privada de los medios de producción y de la prestación de servicios, que incide en el desarrollo social inarmónico. Es decir, en términos comunicacionales el carácter societario se afianza en el proceso dialéctico, único capaz de garantizar la conformación de una estructura comunicativa con relevantes niveles de equilibrio participativo.

[2] DOS PASSOS, John. Paralelo 42. Editorial Bruguera. Barcelona, España, 1981. Pág. 317

[3] Ley de Ejercicio del Periodismo. Artículo 3°. Capítulo I: De la profesión.

[4] Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente: se habla de función reproductora y no transmisora porque quien transmite la noticia, al final del proceso informativo, es el Medio y no el periodista, quien sólo ejerce la labor de estructurador del hecho en noticia, o lo que es lo mismo, reproduce en estilo noticioso los elementos que constituyen el acontecimiento. Ahora bien, el manejo de la información forma parte de un proceso global comunicativo, dentro del cual la elaboración y transmisión de la noticia constituye un primer paso, que debe estar complementado por la interpretación sustancial del acontecimiento, como segundo paso, y por la generación de una opinión pública, como tercero. La estructuración y transmisión de la noticia es, en consecuencia, un engranaje del proceso comunicativo y no el fin del mismo. En este sentido, cada engranaje, por sus características técnicas y éticas, se constituye a sí mismo en un proceso complejo donde el profesional de la noticia (periodista o comunicador social) desarrolla un rol fundamental, y resulta justo y saludable exigir, para el normal avance de la comunicación social, el equilibrio total -en técnica, en ética y en contenido- de cada uno de estos engranajes.

[5] BORGE, Tomás. La paciente impaciencia. Ediciones Casa de Las Américas. La Habana, Cuba, 1989. Pág. 58

[6] No debe olvidarse que entre otros de los efectos producidos tras la Segunda Guerra Mundial, además del evidente cambio en el orden geopolítico y económico internacional, se cuenta el de la intervención del Estado en la conformación de nuevos poderes supraindividuales y determinantes de la razón sociopolítica del mismo -sobre todo de aquellos Estados nacionales que salieron vencedores en el conflicto y que ya habían consumido una experiencia previa, como la de la Primera Guerra Mundial-. Uno de estos nuevos poderes es el de la Comunicación Social, o el de un sector informativo que ya había dado muestras de su gran alcance social y de su posibilidad de convertirse en un efectivo mecanismo de creación y modificación de la opinión pública. En consecuencia, los Estados nacionales comienzan a participar del poder mediático, estableciéndose como dueños de Medios y promulgando normas para el control de los mismos, mientras la expansión económica que comienza a lograrse con el nuevo orden económico internacional a partir de 1950, impulsa el desarrollo del negocio informativo (a medida que avanza el siglo se desarrolla también el periodismo en la radio y la televisión) y favorece las estrategias monopólicas de los Medios de Información privados. Paralela a las situaciones de participación e intervención estatal y de monopolismo privado en el negocio mediático, se desarrolla toda una praxis comunicacional que va originando (entre Medios de calidad o de élite que cultivan la objetividad informativa y Medios de Comunicación de Masas cuya función primordial -aunque no lo exprese así su objetivo formal- se ubica en el entretenimiento), tanto un cuerpo teórico en torno al fenómeno comunicacional mediático, como una legislación positiva en torno a su conformación como poder y al desarrollo de los Medios, sus intereses y sus responsabilidades. Es en este marco que surge, hacia 1956, la denominada Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa, impulsada por la experiencia que tuvieron de los Medios como servidores públicos, tanto los Estados nacionales, como las sociedades civiles participantes en la Segunda Guerra Mundial.

[7] DESANTES GUANTER, José María. La función de informar. Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona, España, 1976. Pp. 354

[8] COMPAGNON, Antoine. Las cinco paradojas de la modernidad. Monte Avila Editores. Caracas, Venezuela,1991. Pág. 17

[9] Dentro de este sendero paradojal parecen ubicarse también las instancias responsables de velar por el eficaz desenvolvimiento de las categorías de la libertad de comunicación, quienes parecen participar -intereses mediante- como maromeros en esta feria. Aquí se hace referencia específica a los directivos del Bloque de Prensa Venezolano, quienes, a propósito de la discusión generada sobre el establecimiento constitucional de las categorías de veracidad en la información y de derecho a réplica, emitieron, en entrevista pública (PANORAMA, en su edición del día miércoles 29 de septiembre. Pág. 1-14), las siguientes frases: “Nosotros consideramos que la libertad de expresión debe ser libre y punto”. “Yo considero que la libertad de prensa en este momento está amenazada”. “Nos oponemos al derecho a la réplica y al defensor del usuario que consideramos es sumamente grave, porque va a ser la especie (sic) de censor de los periodistas, además de que quieren vigilar el trabajo diario de los periódicos”.

[10] Cabe decir “noticias-información”, según el criterio expresado por la profesora Gloria Cuenca, en su libro Ética para periodistas. 2da Edición. Editorial Kinesis, Caracas, 1995.

[11] Declaración Universal de Derechos del Hombre, artículo 19, refrendado y precisado en 1976 por el artículo paralelo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[12] AGUIRRE, ARANGUREN, SACRISTÁN y otros. Cristianos y marxistas: Los problemas de un diálogo. Alianza Editorial. Madrid, España, 1969. Pág. 25

 

© Nelson González Leal 2003
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid

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