La complicada evolución de la libertad de prensa
en España durante el siglo XX.
Apuntes para su estudio

Dr. Rafael Yanes Mesa


 

   
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1. Introducción

A lo largo del siglo XX España contó en repetidas ocasiones con iniciativas legislativas encaminadas a censurar el trabajo de los periodistas. Diferentes gobiernos de distinto signo siempre prestaron especial atención al control informativo. No sólo las dictaduras militares mostraron su preocupación por si las informaciones perjudicaban al poder establecido. Tampoco el breve paréntesis republicano fue todo lo abierto que cabía esperar. Todos quisieron intervenir directamente en los medios de comunicación. Ninguno creyó en la transparencia informativa como un derecho fundamental del ciudadano.

La Constitución de 1876 proclamaba la libertad de prensa en su artículo 13, que es regulada posteriormente en la Ley de Policía e Imprenta de 1883. Esta norma legal estará en vigor hasta el 18 de marzo de 1966, fecha en la que el Boletín Oficial del Estado publica el texto de la llamada “Ley Fraga” con una Disposición Derogatoria Única que también deja sin efecto la Ley de Prensa de 1938. Pero este derecho constitucional no tuvo efectividad en la práctica, ya que el artículo 17 de la misma Constitución permitía suspender las garantías constitucionales “cuando así lo exija la seguridad del Estado”, y la utilización de este recurso fue una práctica cotidiana por parte de los distintos gobiernos hasta el golpe militar de Primo de Rivera.

Pero tampoco se logra la ansiada libertad de prensa tras esa Dictadura. La República vive una etapa de conflictividad social que no permite su implantación efectiva pese a su formal proclamación en la nueva Constitución de 1931. Una situación que se ve agravada cuando comienza la Guerra Civil, en la que la propaganda bélica es, para los dos bandos, más importante que la información veraz. Después del conflicto armado se consolida la censura periodística con la instauración del régimen del general Franco. Sólo la llegada de la Constitución de 1978 consagrará la ansiada libertad de prensa de forma definitiva.

 

2. El control informativo de Primo de Rivera

Las dos primeras décadas del siglo XX suponen una etapa de profundas inestabilidades políticas y sociales. Esta situación se agrava con la crisis de los partidos vivida a raíz de la división del Partido Conservador, llegándose a una situación en la que una supuesta monarquía parlamentaria se queda sin los partidos que le dan contenido. Todo ello provocará la llegada de una dictadura con la anuencia de la monarquía. Es un período con muy pocas iniciativas dirigidas a modificar la situación del periodismo. La única con cierta relevancia es la Ley de Jurisdicciones de 1906 que complementa la Ley de Prensa e Imprenta de 1883.

La etapa iniciada tras el golpe militar del 13 de septiembre de 1923 es un período poco estudiado por los historiadores, sin duda atraídos por los sucesos de la República y, sobre todo, por la Guerra Civil (Fernández, 1982: 189). Los últimos años de la Restauración se desarrollan en el marco de una crisis social a la que el periodismo no es ajeno. Tras la suspensión de las garantías constitucionales en 1919, los trabajadores de artes gráficas ponen en práctica la llamada “censura roja”, por medio de la cual no imprimen las noticias que se consideran perjudiciales para los trabajadores. Tras el cierre patronal en protesta por esta medida, los empresarios acuerdan con los trabajadores delegar en los directores para que estas informaciones no se publiquen (Seoane y Sáiz, 1996: 256).

Tres días después del golpe se publica un Real Decreto por el que se toman medidas contra la prensa regionalista. A partir de este momento se impone un régimen de censura previa que, según algunos autores (Sánchez y Barrera, 1992: 177) no existía desde hacía muchos años como algo estable, lo que provoca una actitud de atonía y sordidez generalizada en el periodismo español, aunque otros afirman que la censura previa no es ninguna novedad en el periodismo español, acostumbrado a la frecuente suspensión de las garantías constitucionales durante la Restauración: veintitrés veces en los últimos veinticinco años (Fuentes y Fernández, 1997: 203).

Un año después del inicio de la Dictadura, los presidentes de las Asociaciones de la Prensa de todo el país solicitan al general Primo de Rivera que suspenda la censura previa, a lo que el dictador, que siempre presume de periodista, responde con una circular en la que refleja su visión sobre el papel que debe jugar la prensa. Afirma que se necesita un Estatuto “para obligarla a ser buena”, y añade “ya que la igualdad de derechos para propagar una u otra teoría, es una candidez sólo aceptada en tiempos de decadencia...”

Por decreto se convierte en censores a los funcionarios de los Gobiernos Civiles, una medida que tiene un resultado muchas veces incoherente, ya que son personas ajenas a la Dictadura y en su actuación utilizan criterios no homogéneos. Así, se censura a unos diarios por unos contenidos que a otros se les permite, ya que todo depende de la provincia donde sucede, aunque existe un control centralizado en un organismo creado al efecto: la Oficina de Información y Censura, que según Eloy Fernández (1982: 220) está dirigida desde su comienzo por el teniente coronel Celedonio de la Iglesia, aunque Seoane y Sáiz (1996: 322) señalan que éste fue el segundo responsable de la Oficina, nombrado en 1925 en sustitución de Pedro Rico, primer director de la misma, y también teniente coronel.

Pero la censura de esta época se caracteriza por llevarse a cabo en general de forma benévola, ya que continúan publicándose las escasas revistas comunistas que existían en el momento del golpe militar, aunque se les somete a un control riguroso, y lo mismo sucede con alguna revista nacionalista vasca y catalana. En una circular dirigida a los gobernadores militares con las instrucciones para censurar a los periódicos, Primo de Rivera considera que se deben permitir los artículos políticos que cuestionen la propia existencia de la censura, la Dictadura, o la Monarquía, “siempre que no sean separatistas o subversivos”. Sin embargo, curiosamente en este comunicado puntualiza que no admitirá la difusión de noticias sobre huelgas, delitos, escándalos e incluso circunstancias meteorológicas que pudieran dar una imagen de intranquilidad social.

La arbitraria censura origina gran cantidad de anécdotas. Muchos periódicos intentan burlarla con titulares de doble sentido, donde siempre está presente la ironía. Algunos periódicos, como España, dirigido por Ortega y Gasset y Azaña, publican los textos censurados con las marcas que indicaban las prohibiciones oficiales. Otros lo hacen con puntos suspensivos para indicar que la censura había impuesto el silencio, o con espacios en blanco para dejar patente la prohibición gubernamental, hasta que en 1927 ambos métodos quedan prohibidos. Pero la reacción más común es no hacerse eco de los aciertos del Gobierno como contrapartida a la imposibilidad de criticar determinadas actuaciones, algo de lo que se queja el general en repetidas ocasiones. Un ejemplo de este enfrentamiento de la prensa con la Dictadura se pone de manifiesto con motivo de la celebración del V Congreso de Prensa Latina, que con la excusa de que debía denominarse “Hispanoamericana”, es rechazada por los principales diarios del país como parte de la lucha contra el régimen.

Pero lo más sorprendente es que la Dictadura no hace ninguna modificación legal relevante, pues no deroga la Ley de Policía e Imprenta de 1883 ni la Ley de Jurisdicciones de 1906. Todas las iniciativas legislativas en este período se limitan a la aprobación de decretos de muy diverso contenido. Unos benefician a la actividad periodística, como el que concede el indulto a procesados por delitos de prensa, o el que recupera el descanso dominical, y otros inciden en contra de la libertad de expresión, como el que suprime los ataques a la Dictadura, o el que dicta las instrucciones para la obtención del carné de periodista como medio de control de la profesión. Además, en 1926, el régimen nacionaliza la agencia de prensa Havas, que pasa a denominarse Fabra.

La censura previa continúa hasta la dimisión de Primo de Rivera, producida el 30 de enero de 1930, y que pone fin al régimen dictatorial. El general nunca tuvo una visión clara de lo que debía hacer con la prensa ni con otros medios informativos que acababan de aparecer: la radio y el cine. El dictador admira a Mussolini, pero no organiza un régimen fascista con una estructura como la italiana, y la censura previa no se lleva a cabo con criterios firmes. Todo ello lleva al fracaso a la Dictadura que, sin una política informativa definida, se enfrenta a los intelectuales y pierde ante la opinión pública (Álvarez, 1989: 86).

 

3. El ingenuo entusiasmo de la etapa republicana

Después de un breve paréntesis de provisionalidad institucional, se produce un acercamiento de la mayoría de los intelectuales y fuerzas políticas hacia las posiciones republicanas. La firma del Pacto de San Sebastián durante el verano de 1930 es la antesala de la caída de la Monarquía, que no puede superar el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales. El 14 de abril de 1931 se forma el primer gobierno provisional republicano presidido por Niceto Alcalá Zamora y compuesto por todos los partidos que se opusieron a la Monarquía.

Con la II República cambian muchas cosas para el periodismo. Tres días después de su proclamación, se aprueba la abolición de la Ley de Jurisdicciones, que desde su nacimiento, veinticinco años antes, había sido muy criticada. Sin embargo, la polémica Ley de Policía e Imprenta de 1883 permanecerá formalmente en vigor durante toda la etapa republicana. Además, al terminar los problemas de censura para editar libros de izquierdas, se crean importantes editoriales que publican obras hasta entonces prohibidas en España.

Se publican dos decretos relacionados con la profesión periodística. El primero consolida la libertad de prensa, y el segundo concede una amnistía por delitos relacionados con la censura. Esto no impide que se suspendan publicaciones, como es el caso de los periódicos monárquicos ABC y El Debate, además del semanario comunista Mundo Obrero, un mes después de proclamada la República. Este hecho, unido a la quema de conventos producida al día siguiente, 11 de mayo, plantea el gran problema de la II República: garantizar la libertad de expresión y compatibilizarla con el orden público.

El 20 de octubre de 1931 se aprueba la Ley de Defensa de la República, que prohíbe las noticias que puedan quebrantar la paz social o el orden público. Es una norma jurídica que contradice la Constitución aprobada dos meses más tarde, ya que en su artículo 34 establece:

Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud del mandamiento del juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme

Pero para poder conservar en vigor la Ley de Defensa, se incluye en el texto constitucional una disposición transitoria que matiza lo anterior: “mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes”. Pese al contenido constitucional, y la siempre manifestada libertad de prensa, lo cierto es que en este período se producen masivas suspensiones de periódicos y revistas. La Ley de Defensa, cuya aplicación era encomendada al ministro de Gobernación, fue una herramienta utilizada a diario contra numerosos medios informativos (Sánchez, 1992: 326). Finalmente es derogada en 1933 y sustituida por la Ley de Orden Público elaborada por el nuevo gobierno republicano de derechas. La aplicación de esta nueva norma jurídica supone la imposición de la censura previa. En 1935, el gobierno radical-centrista presenta en las Cortes el proyecto de una nueva Ley de Prensa para sustituir a la de 1883. En su articulado se incluye el aumento de las posibilidades represivas con censura, multas y prohibiciones. La oposición frontal que encuentra en el parlamento, incluso de la extrema derecha, hace que se retire inmediatamente.

La República no supone un giro radical en la evolución de la prensa española, pues los grandes periódicos de empresa se siguen imponiendo a los de partidos políticos, y aunque se multiplica el número de publicaciones obreras, no sube el de sus lectores. Los periódicos que se adhieren a la República se mantienen, mientras fracasan los que buscan cobijo en partidos políticos. La situación económica de las empresas informativas, en general, no es buena al terminar la Dictadura, pero tampoco mejora con la llegada de la República, e incluso muchas de ellas empeoran como consecuencia de la situación general del país.

Los periódicos de empresa se consolidan y forman la Federación de Empresas Periodísticas de Provincias de España (FEPPE) como órgano de presión ante las autoridades. En 1931 ya agrupa a noventa y seis publicaciones, en su mayoría diarios, repartidos por todo el territorio nacional, con la excepción de Madrid y Barcelona. Durante toda la etapa republicana, FEPPE publica un boletín mensual en el que su presidente, Francisco de Cossío, insiste en su independencia de los partidos políticos, y aboga por un empresariado solvente para afrontar el reto económico que supone financiar la publicación (Desvois, 1986: 367).

Pero también se publican periódicos de partido. Entre las publicaciones comunistas destaca Mundo Obrero, que había nacido en 1930 como semanario, con una tirada de quince mil ejemplares, y que es suspendido desde el tercer número hasta la llegada de la República. Posteriormente se convierte en diario, momento en el que llega hasta los treinta y cinco mil ejemplares (Cruz, 1986: 266). En 1936 inicia una nueva etapa en la que aspira a alcanzar un amplio sector de la opinión pública con unos contenidos variados y alejados de un “periódico de partido” (Cobb, 1986: 281).

Es una etapa que se caracteriza por los continuos intentos de cambiar a fondo el país, con reformas que hasta ese momento nunca se habían planteado. Pero la falta de consenso político, y la actividad de grupos que quedaron al margen del régimen, como los anarquistas y los monárquicos católicos, hacen que España viva una gran inestabilidad social que culmina con la Guerra Civil cinco años más tarde. Una experiencia política que había despertado gran entusiasmo en su inicio, posiblemente de forma ingenua, termina con el peor enfrentamiento bélico sufrido en la España contemporánea.

 

4. La Guerra Civil: La información convertida en propaganda

Cuando comienza la guerra civil en España, el sistema informativo se encuentra en un momento de transición entre el modelo informativo-comunicativo tradicional y el modelo de masas. Un proceso que tiene un desarrollo desigual entre las zonas rurales y las grandes ciudades, aunque, en general, adolece de un escaso nivel de integración si se compara con otros países europeos. Sólo Madrid y Barcelona presentan una red informativa densa (Gómez Mompart, 1989: 168).

En la Guerra Civil Española, además del frente bélico, existió otro no menos importante en el periodismo. La prensa y la radio, además de los panfletos, son utilizadas como medios de propaganda con tal intensidad, que puede hablarse de una guerra periodística entre los bandos “franquista” y “frentepopulista” (Sánchez y Barrera, 1992: 357). El control de emisoras de radio se convierte en un importante objetivo militar para los sublevados, que intentan propagar el éxito de su operación. Es en esos momentos cuando la radio nace y alcanza su cenit como arma de propaganda de guerra en la contienda española, antes de ser la gran herramienta propagandística en la II Guerra Mundial (Pizarroso, 1989: 189).

También en la esfera internacional se libra esta batalla informativa con la llegada de muchos corresponsales de guerra a uno y otro bando, incluso del mismo periódico. El caso más significativo lo protagonizan los dos periodistas enviados por el New York Times, uno de los cuales, afín a la causa franquista, envía crónicas que contradicen las escritas por su compañero destinado en la zona republicana (Pizarroso, 1989: 192). Por circunstancias como ésta, de uno y otro bando son expulsados varios corresponsales extranjeros.

El 19 de julio de 1936, un día después de comenzada la guerra, se declara la censura previa en la zona controlada por la República, y nueve días más tarde el bando sublevado hace lo mismo. De inmediato, dejan de publicarse los diarios considerados hostiles en ambas zonas, y se incautan los primeros periódicos. En la parte republicana, los partidos políticos y sindicatos se apoderan de distintos diarios en una guerra de medios informativos útiles para la propaganda.

El caso de ABC es paradigmático: se edita simultáneamente en Madrid, gestionado por las autoridades de la República, y en Sevilla, donde se publica para defender la causa de los sublevados. Es el mismo periódico, con igual cabecera e idéntica tipografía, pero elaborados con dos concepciones políticas antagónicas (Gómez y Tresserras, 1989: 176). Lo mismo sucede con la agencia de noticias Fabra, que emite sus informaciones simultáneamente desde el bando rebelde, en Salamanca, y desde el leal a la República en sus tres sedes de Madrid, Valencia y Barcelona (Paz, 1989: 216).

En la zona “nacional” se constituye, quince días después del golpe militar, el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa Nacional, que pocos días más tarde pasa a llamarse Oficina de Prensa y Propaganda, siempre con el objetivo de centralizar toda la actividad informativa y propagandística de los sublevados.

En 1938 se aprueba la nueva Ley de Prensa que ratifica la censura previa. Además, se producen dos creaciones periodísticas durante la contienda que tienen una importante repercusión posterior: la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda (1937), Radio Nacional de España (1937), en la que colaboraron activamente los alemanes e italianos, y la Agencia Efe (1939).

La nueva Ley de Prensa está redactada con la intención de que todos los medios informativos constituyan una sola unidad de actuación con el fin de servir de propaganda a los sublevados. Ya desde septiembre de 1936, Falange Española controla 17 diarios y 23 semanarios (Martín de la Guardia, 1994: 59), y la incautación para lograr esa unidad informativa no cesará hasta concluir la guerra. Esta legislación, aunque diseñada con los criterios propios de la contienda, permanecerá en vigor al concluir la guerra, y no es hasta los años cincuenta cuando se inicia un debate dentro de los sectores afines al régimen para introducir modificaciones, pero no tiene resultados tangibles hasta 1966. Además, entre los aspectos a modificar nunca se cuestiona el espíritu de la ley en cuanto al control estricto por parte del Estado.

En las dos zonas se instala un modelo de aprovechamiento del sistema informativo para defender su concepto de Estado mediante la propaganda, aunque de forma muy distinta. En el bando nacional-católico se consolida un sistema centralizado con una jerarquía bien establecida, que obedece a la lógica de la guerra y al objetivo único de ganarla, por lo que sus mensajes tienen una gran uniformidad. Es un modelo construido desde el nuevo poder político, con una escala de valores muy clara y un discurso diáfano que es orientado en una sola dirección. La mentalidad militar se traslada a la prensa y la propaganda, y esta unidad de criterio cumple un importante papel en el asentamiento de las ideas de los sublevados: exaltación del ejército, integración de la religión en la vida diaria, y la consagración de un Estado totalitario.

En el bando republicano, por el contrario, hay demasiadas concepciones diferentes del Estado procedentes de los distintos partidos y sindicatos que apoyan el régimen, por lo que se produce una “constelación de microsistemas” (Gómez y Tresserras, 1989: 169). Para Jesús Timoteo Álvarez (1989: 221), la visión del papel que debe jugar la prensa, con unos objetivos claramente definidos en el bando franquista, contrasta con la desorientación informativa del bando fiel a la República, donde cada sector actúa según sus propias convicciones. Son modelos diferentes, y el éxito del primero tiene consecuencias reales en la marcha de la propia guerra. Se enfrentan dos sistemas informativos contrapuestos, que pueden denominarse “lo contradictorio frente a lo compacto” (Gómez y Tresserras, 1989: 170).

1937 es un año de cambios en la zona leal a la República. Tras la salida de Largo Caballero de la jefatura del Gobierno, que es reemplazado por Juan Negrín, se transforma el servicio propagandístico. Hasta ese momento, el Comisariado General de Guerra, gestionado por el Partido Comunista, es el responsable de la propaganda, pero en noviembre de este año, el nuevo gobierno traslada esta responsabilidad a la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado, bajo una autoridad civil no perteneciente al PCE. Se intenta centralizar el mensaje, y con un decreto se prohíbe a los oficiales de las Fuerzas Armadas participar en mítines o hacer declaraciones a la prensa.

Tras la batalla del Ebro y la firma del Pacto de Munich en la esfera internacional, que niega toda esperanza de implicación de los países democráticos de occidente con la República Española, la suerte está echada en manos del bando nacional-sindicalista, y la guerra concluye el día primero de abril de 1939.

 

5. El periodismo tras la victoria del general Franco

Concluida la guerra, el gobierno del general Franco mantiene la Ley de Prensa redactada por José Antonio Giménez-Arnau, director general de Prensa en el Ministerio de Gobernación dirigido por Serrano Súñer (Sinova, 1989: 263), y que supone el control total de la actividad periodística. En su preámbulo se afirma que el periodista es un “apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación”. De esta forma, todas las empresas informativas se convierten en una “institución nacional” con la misión política de propagar las ideas nacionalsindicalistas. Y su artículo primero dice: “Corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la Institución nacional de la prensa periódica”. Con ello se establece que la prensa es un servicio público en exclusiva, pues aunque las empresas privadas editan periódicos, siempre sus fines deben estar unidos a los del Estado.

Esta ley estará en vigor durante veintiocho años, en los que pasa por distintos momentos. Alejandro Pizarroso (1989: 231) considera que durante este largo período se distinguen diferentes etapas con características perfectamente diferenciables, pues, si la censura era intransigente al terminar la guerra, desde los comienzos de los años sesenta se produce una “cierta tolerancia”.

El término de la guerra significa el comienzo de una etapa para el periodismo en la que los periódicos son considerados botín de guerra, por lo que el nuevo régimen se apropia de ellos y quedan bajo el control de La Falange, que representa las fuerzas políticas del Movimiento Nacional. Es una visión totalitaria de la actividad periodística al servicio del régimen, que plantea unos mecanismos de control muy rígidos.

Toda la prensa del Movimiento forma parte de un monolito informativo que, en cuanto al número de publicaciones, es “uno de los imperios periodísticos más grandes del mundo” (Zalbidea, 1989: 250). Y el origen de esta cadena está en las incautaciones producidas durante la guerra a impresores contrarios al régimen, como los partidos de izquierda, sindicatos y personas afines a la Segunda República. Un imperio informativo que caerá cuarenta años más tarde con el régimen que lo creó.

Por medio de la censura previa se prohíbe mencionar a determinadas personas, hablar de algunos sucesos que puedan dar una mala imagen de la autoridad del Estado, y opinar sobre política internacional. Además, se establece el sistema de consignas, por el que los periódicos tienen la obligación de incluir determinadas informaciones oficiales. A propuesta de la empresa, el nombramiento de director corresponde al ministro, quien puede destituirlo si considera que su actividad es nociva para el Estado. Para Ricardo Martín de la Guardia (1993: 51), la Ley de Prensa del 38 pretende adoctrinar a los ciudadanos y convierte al Estado en “origen y fin del proceso informativo, puesto que de él partía y en él concluía”.

Además de las informaciones, el régimen de Franco intenta controlar a los profesionales del periodismo. En 1941 se crea la Escuela Oficial de Periodistas, en la que es imprescindible ser militante de Falange Española y de las JONS para ingresar. Es una iniciativa que monopoliza la formación de los periodistas durante veinte años, hasta que en los años sesenta se inician tres proyectos, todos del ámbito católico, que terminan con el monopolio aunque no aportan diversidad: el Instituto de Periodismo, del Opus Dei; la Escuela de Periodismo de la Iglesia, y la Escuela de Periodismo de la Acción Católica.

Tras el término de la II Guerra Mundial se inicia un período de aislamiento internacional que tiene consecuencias internas para el régimen. Se aprueba El Fuero de los Españoles en 1945, al estilo de una constitución, que en su artículo 12 manifiesta: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”. La coletilla final deja claro que todo sigue igual en cuanto a la libertad de prensa. Todo apuntaba a que podría producirse una pequeña apertura, pero el propio bloqueo internacional con la retirada de embajadores en 1946 hace que el régimen se refugie en sí mismo y en su defensa a ultranza.

En 1951, el general Franco remodela su gobierno, en el que crea el Ministerio de Información y Turismo, al frente del cual nombra a Gabriel Arias Salgado, quien anuncia un “posible perfeccionamiento de la Ley de Prensa de 1938”, pero cuando abandona el cargo, once años más tarde, el borrador de la nueva ley no había pasado la fase de anteproyecto. Alejandro Pizarroso (1989: 241) afirma que con la llegada de Arias Salgado se multiplica la cantidad de consignas, “llegando a veces a extremos ridículos de detalles”. En la práctica, todo sigue como en la posguerra, con la misma legislación, y los mismos criterios de control de los periódicos como actividad pública al servicio del régimen.

En 1962 es nombrado ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne, quien inicia los trámites de elaboración de una nueva ley de prensa, que será aprobada cuatro años más tarde.

 

6. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966

Con la incorporación del nuevo ministro se inicia un proceso en el que disminuye considerablemente el número de consignas, y en el que la censura previa, que sigue vigente, se flexibiliza en su aplicación (Sánchez, 1992: 410). Es el preludio de una nueva ley de prensa que sustituirá a la de 1938. Este tímido avance permite la aparición en 1963 de revistas de opinión política como Atlántida, Cuadernos para el Diálogo y Revista de Occidente, que suponen un hito en el periodismo durante el régimen. También nacen publicaciones del obrerismo católico, y literatura universitaria más o menos crítica con la dictadura, además del éxito de un nuevo subsistema, el del Opus Dei (Álvarez, 1989: 226).

La nueva Ley de Prensa e Imprenta de 1966 tiene un preámbulo en el que ya se habla de la libertad de expresión, de empresa y de designación del director. Además, reconoce que la legislación de 1938 ha quedado obsoleta, y su vocabulario es completamente diferente al empleado en la ley elaborada durante la guerra. Sin embargo, su artículo 2 obliga al respeto a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. Algunos autores piensan que tiene una apariencia externa de libertad, pero continúa con el control del Estado si no se hace “buen uso” de esa libertad. Miguel Delibes lo expresa de esta forma: “Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado” (Sánchez y Barrera, 1992: 411).

Esta legislación llega en un momento en el que se inicia un cierto desarrollo basado en el turismo y la emigración española a países europeos, por lo que la apertura del régimen es inaplazable. Se suprime la censura previa, salvo en los casos de Estado de Excepción o guerra, y se sustituye por la “consulta voluntaria”, por medio de la cual el director de un periódico salvaba su responsabilidad si la Administración aceptaba un artículo o no contestaba. Las consignas desaparecen como tales, aunque permanece la obligatoriedad de publicar gratis los textos considerados “información de interés general”. Sin embargo, supone un notable cambio legal que posibilita una cierta liberalización de la prensa, aunque Eduardo de Guzmán (Acirón, 1986: 92) afirma que el régimen de Franco estudió muy bien las posibles consecuencias de esta ley, y llegó a la conclusión de que no había ningún motivo para la intranquilidad, pues todo quedaba exactamente igual.

También se permite la creación de empresas periodísticas, aunque el Estado puede denegar la inscripción de la que considere oportuna, y además puede inspeccionar su contabilidad y su accionariado. Los periódicos del régimen Movimiento Nacional y Organización Sindical no se ven afectados por la nueva situación legal, lo que se especifica en la disposición final primera. Sin embargo, estos periódicos pierden día a día un importante número de lectores a pesar del gran desarrollo económico que en esos momentos vive el país, a lo que se añade una mala gestión empresarial, lo que precipita la caída de todo este imperio informativo que difunde un mensaje que empieza a no interesar a la sociedad. Finalmente, unos se cierran y otros se privatizan ante el auge que experimenta la novedosa prensa privada.

La nueva ley posibilita igualmente el secuestro de una publicación para luego denunciarla a los tribunales de Justicia, un mecanismo muy utilizado, aunque en muchas ocasiones el juzgado posteriormente le diera la razón al medio informativo. Se distinguen delitos penales, civiles y administrativos, con los que se pueden imponer sanciones económicas y profesionales como la suspensión de la actividad periodística. Desde su puesta en vigor hasta 1975 se incoan 1.270 expedientes sancionadores contra periódicos y revistas (Sánchez y Barrera, 1992: 415), lo que demuestra que su aplicación dista mucho de las palabras reformistas utilizadas en su preámbulo. Además, toda la información internacional recibida desde el extranjero pasa obligatoriamente por la gubernamental Agencia Efe, lo que supone un control absoluto sobre estas noticias, aunque para aparentar una falsa diversidad a veces utiliza otros nombres, como Alfil y Cifra.

En 1967 se reforma el Código Penal con la inclusión del artículo 165 bis, que tipifica como delito el incumplimiento de las obligaciones del artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta, lo que significa una intensificación de la represión por parte del Estado, y al año siguiente se aprueba la Ley de Secretos Oficiales, por medio de la cual el gobierno puede declarar secreto un asunto, lo que supone la prohibición de informar sobre él.

Al amparo de las expectativas que ofrece la nueva ley, aparecen ciento veintinueve nuevas publicaciones, aunque en el mismo período, el Ministerio de Información y Turismo incoa trescientos treinta y nueve expedientes sancionadores, ciento ochenta de los cuales terminan con multas o suspensiones (Sinova, 1989: 267).

Finalmente, la aprobación de la nueva Constitución en referéndum el día 6 de diciembre de 1978, que es promulgada en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de ese mismo mes, cambia totalmente el panorama para los profesionales del periodismo. A partir de aquel día los periodistas españoles disfrutan de una auténtica libertad de prensa.

 

6. Referencias bibliográficas

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© Rafael Yanes Mesa 2005

Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid

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