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Mª Luisa Maqueda Abreu

Prostitución, feminismos y derecho penal

  

 

 

DE TAL RAMERA, TAL ASTILLA
Fabiola Maqueda

El moralista diría que es un pecado nefando, el sociólogo que es un vicio social, el político que es una explotación humana inicua, el médico que es un foco de corrupción sanitaria, física y moral, el padre de familia un constante peligro de vicio para sus hijos o el jurista más ecléctico un contrato. (Jiménez Asenjo, 1963)

Ensayo de hondura acerca de la criminalización del libre ejercicio de la prostitución. Una revisión histórica, en clave jurídica y sociológica, de su impacto en las costumbres en el marco del capitalismo avanzado de las revoluciones burguesas, y su transvaloración en cascada de normativa jurídica - del reglamentismo al abolicionismo -. Callejón sin salida al que la perspectiva del feminismo cultural ha añadido una domesticidad incasable con la globalización de identidades (sexuadas, por supuesto). Una antigua reivindicación de ciudadanas/os que circulan por los entresijos del capital, en todo su amplio significado, con la aspiración de resolverse sin disolverse, es decir, de emanciparse civilmente sin tener que censarse en ningún bando ni comulgar necesariamente con secta alguna. Frente al imperio del patriarcado se ha alzado contra ellas, pero por su bien, un rosario de laberínticas leyes y recomendaciones de sanía del cuerpo social, que hacen de este hipertexto del viaje de la vida una peregrinación por los sumideros de la salvación.

¿Cuándo aceptaremos por fin el feísmo en nuestra apolínea cultura aristocrática?

Dentro de la colección de Estudios de Derecho Penal y Criminología dirigidos por Romeo Casabona (ed. Comares, 2009), la catedrática de esta especialidad en la Universidad de Granada, Mª Luisa Maqueda Abreu aborda el tratamiento de esta densa problemática de la prostitución desde una intención objetivista, que desnudaría su ejercicio, cuando fuera voluntariamente asumido, de su envoltorio moralista, y despejaría la incógnita de la ecuación: + transparencia legal de la prostitución - tráfico de personas.

Incluso hoy, cuando vivimos regidos por los valores monetaristas, la terca alternativa socioeconómica de la prostitución, su regulación como opción laboral legítima, se nos resiste. Parece que nos sigue incomodando su presencia callejera, aunque como explica minuciosamente la autora de este ensayo ni legisladores ni legislados atienden a la totalidad de lo que esta realidad oculta, la existencia de redes de dinero blanqueado fiscalmente cumplimentadas. Una actividad productiva que sitúa a la prostitución en el centro de interés de múltiples empresas beneficiarias (transporte y agencias de viajes; restauración y hoteles; alimentación y bebidas, tabaco y alcohol, salas de masaje, burdeles, clubes de alterne, agencias de acompañantes, discotecas, karaokes…) además de las economías domésticas y las remesas enviadas por mujeres emigrantes a sus países de origen. Cita la autora la relación de todos estos beneficiarios que figuran en el informe ESCODE, referido al Estado español, que se encabeza principalmente por los prestamistas que sostienen desde el viaje hasta la manutención de sus familiares. Empeñada la autora en situar el análisis de la cuestión en la capacidad de actuación de los actores principales de esta negociación, aclara que la prostitución podría ser definida como la prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados. La prestación coercitiva de servicios sexuales no es prostitución.

Un recorrido sumamente esclarecedor sobre la dificultad de legislar la prostitución atendiendo a su verdadero perfil, como actividad socioeconómica voluntariamente elegida y con unos límites específicos pactados; o sea, como cualquier otro contrato de servicios, libremente realizado, de los múltiples que se regulan en el marco de un estado de derecho como el nuestro.

El ensayo, Prostitución, feminismos y derecho penal, se centra en el análisis de las lógicas reglamentistas de las reformas legales que favorecieron su poder de definición y de apartamiento social; la estigmatización médica (sífilis e higienismo) y el control policial. Como argumenta Mª Luisa Maqueda, el Trabajo sexual dejó de estar bajo el control femenino (mujeres pobres) y se proletarizó. A partir de este momento, las primeras ideologías feministas liberadoras se empeñaron en suprimir el trabajo que les daba de comer a las pobres, dando comienzo a la corriente de opinión abolicionista. Aislamiento social de las de esta clase, confinamiento en barrios y estacionamientos específicos, fuera de la calle, donde podía ser más frecuente y factible el control policial. Se trataba de eliminar la amenaza que representaban para los ideales reproductores del capital y de la propiedad de la sociedad burguesa liberal (familia y herencia). Más de dos millones de firmas de mujeres de las clases medias, opuestas a la regulación, protestaron por la pérdida de libertad de aquellas esclavas del deseo sexual masculino. Las abolicionistas, en el último tercio del s. XIX, despreciaron a quienes pretendían defender; consideradas doblemente peligrosas, ese primer feminismo activó campañas de persecución de la pornografía, quema de libros obscenos y actuaciones contra los espectáculos de music hall, privándolas así de autonomía económica. De este modo, las prostitutas, acosadas por la administración que las sometía a permanentes revisiones en hospitales (llamaban al espéculo “el pene del gobierno”), debieron acudir a la protección de proxenetas y hampones. De este modo Reglamentarismo y en su reacción, el Abolicionismo fueron dos respuestas moralizadoras de la burguesía.

Se había levantado la veda y aún hoy no ha cesado la caza tras la redada. Como aquí se cita, el trato persecutorio a la prostituta se asemeja al de la técnica de poder propia del reticulado disciplinario, del que nos habla Foucault, en referencia al leproso como habitante simbólico del espacio urbano.

Asociado confusamente a la Trata de Blancas, cuyo censo se difundió a partir de la celebración de un congreso celebrado en 1899, el pánico moral resultante se explica por la conjunción de factores tales como la liberación sexual de la mujer, la xenofobia y el racismo. El feminismo abolicionista pide entonces la colaboración internacional para la represión de trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución. En ambos supuestos se excluía el libre consentimiento de las mujeres adultas y se perseguía por igual en mujeres y niñas, limitando su principio de autonomía.

La coacción, el abuso y el engaño dejaban de ser, pues, elemento constitutivo de la definición de la trata.

Con este paradójico supuesto que pretende la defensa de la emancipación de las prostituidas, suspendiendo previamente el libre albedrío de aquellas mujeres, se las estaba condenando a una minoría de edad sine die, como, de hecho, puede comprobarse más de un siglo después.

En la medida en que no se centró adecuadamente el eje del delito, las políticas criminales han ido dando tumbos en función del color de los gobiernos tanto como de la mayor presión que ejercieran toda clase de feminismos, depositando en el mismo silo, trigo y paja; derechos legítimos y delitos probados.

Desde la II Guerra Mundial, se persigue al proxeneta. El convenio para la represión de la trata, firmado en los 50, tiene un tono claramente abolicionista. Semejante perspectiva criminalizaba el entorno de la prostitución; la tercera parte explotadora, los burdeles, son vistos por la Alianza Internacional de Mujeres como “amenaza pública”. El espíritu es el de la rehabilitación El convenio entre la Alianza y la Federación Abolicionista, en sus arts. 17 y 18, privaban expresamente a las extranjeras del derecho al anonimato a fin de que pudiera recabarse información sobre su identidad y su estado civil, lo que naturalmente ponía en peligro su seguridad personal.

Pero progresivamente, en la década de los 70, con la debilidad del Reglamentarismo, se inicia una deriva hacia las iniciativas empresariales de ocio: saunas, clubes, salones de masaje, acompañantes, pases de gogó y audiovisuales. Una vez más, la movilidad de las estructuras en torno a la prostitución se reajusta en función de la moda, los gustos, la circulación de dinero y los cambios sociales. Las antiguas cantantes de Music Hall y de cabaret, aventadas por el Ángel del Hogar, se hallan convertidas por el signo de los nuevos tiempos en legítimas figuras de la canción y del espectáculo.

La normalización del sexo como alternativa económica libremente elegida, y la cultura sexual como liberación en ciertas capas sociales y en ciertas mujeres, se superpone a la radicalidad de los presupuestos del feminismo cultural de los 80 en EEUU, y a sus definiciones de lo sexualmente correcto. Mackinnon, por ejemplo, opina que la prostitución institucionaliza la sexualidad de la supremacía masculina que funda la erotización del dominio, y el sometimiento con la interpretación social de lo masculino y lo femenino. Revela que el placer masculino está inextricablemente ligado a la victimización y al daño. Es la explotación de la sexualidad del otro siempre al servicio del hombre, de su patriarcado. En nuestro país, el feminismo cultural (Lidia Falcón) confunde la venta de servicios sexuales y la venta del yo, el alma de quien se prostituye.

En el Informe de la Reunión de Expertos sobre explotación sexual, violación y prostitución (Pensilvania 1991) se hace un balance de los últimos 40 años. El desarrollo de las nuevas economías de mercado a partir de la caída del Muro; la prostitución militar en las áreas de conflicto; el turismo sexual y las migraciones impulsadas y tantas veces convertidas en vía de contratos laborales para el pago de la deuda de los países receptores; el desplazamiento de personas civiles (mujeres y niños) a causa de las guerras y las catástrofes naturales. A la par, organizaciones para el negocio de novias encargadas por correo; las nuevas tecnologías de la prostitución y la difusión de la pornografía por video, ordenador o teléfono móvil, que genera una sexualidad despersonalizada y brutal.

Por hacer un paralelismo con el teatro, también en este escenario complejo donde hay autores, actores y empresarios, se tenía que llegar a implicar al público, la cuarta pared de este constructo; en efecto, la criminalización del cliente. De origen sueco, la prostitución ha sido calificada como crimen de género. En su ley del 99, ampliada en el 2000, se la define como un problema grave de la violencia de los hombres contra las mujeres y se castiga la compra o el intento de compra de una relación sexual ocasional mediante remuneración monetaria o a cambio de alcohol, narcóticos o pieles, con penas de multa y prisión de 6 meses como máximo.

Estudiosos independientes (Kulick, Jacobson u Östergren) han concluido que esta ley, emblema del modelo prohibicionista que perseguía erradicar un fenómeno social indeseable, ha producido sin embargo una victimización de las prostitutas. Los políticos se inhiben de las consecuencias de su mensaje/masaje frente a las desapariciones de cientos de mujeres de la calle, barridas por ley, y quién sabe dónde refugiadas para su invisibilizada vivisección. En palabras de la ministra sueca de Calidad, Mona Shalin, acerca del efecto de la ley sobre los más débiles, “lo sé, pero vale la pena enviar el mensaje”.

Desde la Plataforma estatal de organizaciones de mujeres para la abolición de la Prostitución, las leyes, demasiado tolerantes, son evaluadas como margen de privilegios masculinos fortalecedoras de la desigualdad La ponencia de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades del Congreso de los Diputados en España, coincide con las líneas clásicas del abolicionismo; es decir, que las perspectivas del feminismo socialdemócrata coetáneo vienen a coincidir, como si de una transparencia se tratase, con el pensamiento de una Josephine Butler, hace ya más de un siglo, que tachaba la prostitución de mal social que había que erradicar. O sea, como una enfermedad social, una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. El argumento de las feministas radicales se ciñe al tópico de la cantidad.

“Las prostitución es un problema de género porque la gran mayoría de los demandantes son hombres y las personas en prostitución, mujeres con graves problemas económicos”.

Pero coincido con Mª Luisa Maqueda en afirmar que no puede degradar per se el ejercicio de una actividad sexual lucrativa, libremente pactada. Y aún más allá, en su contrargumento, cuando replica a la potencial posición que sostendrían si las mujeres fueran clientas mayoritarias de la prostitución, diciendo: empañar el sexo, más allá de la feminidad, con dinero (símbolo de la emancipación económica) y desligado del amor (y de ahí su contenido transgresor), no hay pues sexualidad libre si media precio.

Se cita en este proteico ensayo a Rubin, quien da la clave para retomar el asunto en toda su complejidad cuando niega que la sexualidad sea un producto derivado del género, y atribuye el origen moral de la idea de oprobio que pesa sobre la sexualidad a los preceptos de la tradición cristiana occidental.

Preferible es liberar la sexualidad de tanto esencialismo feminista y de su demonización de la diferencia, para reivindicar su movilidad y su complejidad social -comenta Mª Luisa Maqueda-. En ese contexto, la prostitución se comporta como una práctica sexual más.

Es un principio no ratificado, este de la libertad, un apriorismo, el que basa la prostitución en la involuntariedad e incluso en la idea de que es contranatura, porque no lo elegimos, ya que nos causa asco. Nadie en su sano juicio optaría voluntariamente por el ejercicio de la prostitución. Y, sin embargo, la tesis de la voluntariedad se cifra, según el colectivo HETARIA, en torno en el 85% (prostitución callejera en Madrid). Pero es tal el interés en manifestar su carácter forzado que El PAÍS publicó un 95% de prostitución-trata en relación con inmigrantes, incluyendo el entorno; el intermediario transnacional está también bajo sospecha de explotación.

El mito cultural de los tráficos de mujeres emigrantes se corresponde con una realidad de gran impacto en la comunicación social, pero se trata de una visibilización sesgada de la mirada cómplice de los gobernantes socialdemócratas. No se ataca el problema de sus verdaderos derechos dentro de la afirmación de la voluntariedad (autonomía para decidir acerca de esta opción de la prostitución como medio provisional) y que supondría la confirmación de un verdadero contrato social con cobertura jurídica, sino que se lanza propagandísticamente el relato de los abusos.

No es suficiente hablar generalizadamente de víctimas sin discriminar si lo son, de coacción, de abuso o de engaño, o bien del dominio o la presión estructurales del capitalismo patriarcal. Y desde luego, no es lo mismo ni puede serlo, aun cuando el terreno de intervención que se discute no es el de la prevención, sino el estrictamente punitivo, afirma la catedrática de Derecho penal, autora de este estudio.

No es un secreto que la criminalidad se fortalece, y obtiene sus mejores beneficios en situaciones de clandestinidad y prohibición. Las verdaderas perdedoras son las mujeres, que quedan marcadas por el imaginario colectivo bajo el signo de un victimismo extremo que las priva del reconocimiento de su autonomía y de su capacidad de agencia. Es un principio sabido que la clandestinidad propicia un mercado negro de servicios que genera altos beneficios.

Hay que perseguir la violación, el abuso y los malos tratos que se derivan de un ejercicio profesional, apenas protegido jurídicamente, y que provoca abusos de clientes, proxenetas y de la misma policía. Todo este panorama se recrudece con las mujeres inmigrantes ocupadas en el negocio del sexo. TAMPEP - Observatorio de las dinámicas de la prostitución migrante de 21 países europeos- denuncia otra clase de abusos añadidos, los provenientes de las trabajadoras de atención social y de salud o de los funcionarios de inmigración. Así en el informe del Parlamento europeo de mayo de 2000, en su enmienda 2, se dice:

“El régimen de prohibición directa o indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de los estados miembros crea un mercado clandestino, monopolizado por la delincuencia organizada, que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes, a la violencia y a la marginación”.

Invisibilizar no es resolver. Lo que no puede verse en las calles se canaliza camuflado en servicios de compañía, salas de masaje, servicios privados a través de Internet o teléfonos móviles, de esos que vemos todos los días en el escaparate irrompible que es nuestra realidad globalizada. Al final, los que consiguen beneficios duraderos son los delincuentes de cuello blanco, a veces presidenciables o directamente presidentes de grandes naciones, de mentes criminales, pero cuyo blanqueado dinero extiende tal cualidad a nuestra moral social.

Bajo el epígrafe, “La prostitución es sexo libremente pactado”, se constata la existencia, aunque minoritaria, de grupos de prostitutas libres. Por mucho que quiera ignorarse y sea más fecundo el argumento de la prostitución forzada que el de la libre elección de oficio y de negocio, también el feminismo más ortodoxo ha terminado por recoger las iniciativas de estas trabajadoras del sexo, asociadas internacionalmente ya desde los años 70, para expresar sus reivindicaciones de protección jurídica en lo laboral y solicitar la despenalización de un ejercicio profesional voluntariamente escogido. Pero, tal y como aquí se afirma, la expresión de su testimonio es inútil cuando no es su conocimiento lo que importa, sino el valor de su reconocimiento. Y continúa, ¿qué decir de ese importante sector de la prostitución masculina o transexual en aumento, cuyos niveles de invisibilidad social son aún mayores?

Igualmente lúcidas encuentro sus consideraciones acerca de la hipocresía de los poderes públicos a la hora de tolerar esos rituales eróticos a distancia, al tiempo que criminalizan la prostitución clásica. Además la demanda está cambiando y a la prostitución se incorporan otras ofertas de transexuales y transgenéricos cuyos servicios son múltiples y mixtos, cuyo cliente no es sólo el hombre frente a la mujer que rinde servicios heterosexuales. Ni qué hablar de las pertinentes diferencias de semántica social que se establecen entre el gigoló frente al chapero, que se ofrece en la calle. Diferenciaciones necesarias para resituar el concepto de prostitución a la hora de proponer una regulación jurídica aceptable. Parece confirmado que la prostitución no es sexo indiscriminado; que la falta de elección no es inherente a esta práctica, sino más bien el abuso, la pobreza, el racismo, la drogadicción, las deficientes condiciones de trabajo, la inexperiencia, y/ o las situaciones desesperadas (Pheterson, 2000). Existe, por lo demás, un sistema de reglas individuales o compartidas que, aparte de contribuir a la gestión de riesgos del trabajo sexual y a cierta estandarización de los aspectos del negocio (precio, trato al cliente) demuestran que las prostitutas no realizan sus prestaciones de forma indiscriminada (se exceptúan, por ejemplo, a borrachos, drogados, los que padecen enfermedades infecciosas, los que se niegan a usar preservativos, los violentos e incluso los originarios de ciertos países). Luego se contemplan los aspectos afectivos como efecto añadido del contrato sexual.

Hablar de prostitución voluntaria es, pues, hablar de mercado de servicios sexuales, más allá de reduccionismos absolutistas relacionados con la misoginia o la dominación masculinas. Poner el listón en el peligro de su desempeño o en lo penoso del comercio tanto como en el hecho de ser un servicio mejor o peor remunerado no puede ser el eje para suprimir el sexo comercial, pues ese es un común denominador de muchas actividades profesionales, que nadie se plantea abolir por principio.

El problema, señala la autora, está en adecuar una definición de los límites a lo que la tradición y el estigma han querido hacer de la prostitución. Así el conocido penalista español, Quintero, explica que quedaría fuera de este concepto ciertas iniciativas que incluyeran “sexo por dinero”, por carecer o bien de la contraprestación dineraria o de la profesionalidad que se les supone a sus protagonistas. Cita los casos del concurso televisivo basado en la trama de la película “una proposición indecente”, en el que los espectadores son invitados a efectuar pujas sobre el precio que pondrían a juna relación esporádica con un extraño. En el segundo caso, platea este profesor la oferta de sexo a tiempo parcial, por parte de madres de familia agobiadas por las estrecheces económicas. Es, por tanto, “un problema de percepción social”; hay “un señalamiento social de los indeseables” (Juliano, 2004), en el que caben prejuicios de clase, de género, raciales…, resultado de los cuales se construye ese rótulo selectivo de “personas prostituidas”.

Maria Luisa Maqueda propone no descartar de la prostitución los servicios sexuales en los que no medie contacto corporal. No sólo la pornografía, también el sexo virtual por internet, las líneas telefónicas eróticas o los espectáculos en vivo como el striptease, pases a gogó o los peep-show… , son ejemplos de trabajo sexual organizado y publicitado. La simbolización de la enfermedad del SIDA encarnado en las prostitutas ha generado otras formas de comercio sexual, éste de la mirada del cuerpo de la bailarina que se contonea en la barra del bar, el table dance (al modo de Monterrey), que en su variante, lap-dance privado, se solapa con las ofertas clásicas se sexo oral, anal o vaginal.

La globalización y sus perversiones hacen que la expulsión de muchas trabajadores ilegales procuren el efecto de la restricción de la salida de personas, en los países de origen, y la libre circulación de trabajadoras, favoreciendo un mercado oportunista.

En este punto final del ensayo, PROSTITUCIÓN, FEMINISMOS Y DERECHO PENAL, Mª Luisa Maqueda nos lleva al núcleo duro de la cuestión al interrogarse sobre las razones y las estrategias que abonan la transustanciación de lo voluntario en coercitivo.

Primero convierten la naturaleza de las migraciones en una catástrofe moral, cuando es consecuencia de las políticas económicas neoliberales que controlan los flujos de población, en su expansión tanto como en su contención, en base a los intereses del globalizado capital; a veces contante y sonante, otras, sumergido, según convenga. Y en efecto, se afirma, Pero lo cierto es que este discurso de la vulnerabilidad ha demostrado tener una alarmante fuerza de convicción. Su componente emocional ha hecho estragos en el mundo del derecho donde quedaba pendiente la difícil solución de las relaciones entre la trata y el tráfico (…) existe un continuum de despropósitos legislativos en el abordaje jurídico del fenómeno de la prostitución. No podría ser de otro modo si se tiene en cuenta que nuestras leyes acusan la herencia determinante del abolicionismo.

(…) Podría proponerse una revisión de las leyes bajo un nuevo discurso -“liberal”- de reconocimiento de derechos, en que se representara a unos actores sociales que se mueven voluntariamente en un contexto -sexual- tan digno de ser re conocido y jurídicamente tutelado como cualquier otro.

Y sin embargo el Informe final de Ponencia de 2007, que cerró el debate en la Comisión del Congreso sobre la situación de la prostitución en el Estado español, fue muy contundente al concluir que no podía ser un trabajo, por ser incompatible con la normativa laboral.

La macrovigilancia y el control del Plan Integral de la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, recientemente aprobado por el Gobierno español, amplifica la búsqueda de víctimas, y criminalizará todo lo que encuentre a su paso. El lenguaje “trafiquista”, tal y como aquí se menciona, termina siendo reduccionista, pero, quizás también, muy eficaz como marketing político de una socialdemocracia comprometida con las víctimas.

Mª Luisa Maqueda confía en que una futurible regulación penal supere una práctica jurisprudencial desaprensiva que se ha propuesto ignorar la legitimidad de cualquier movilidad autónoma, no controlada, al precio de victimizar a sus actores como seres vulnerables; una regulación indecente, que busca la culpabilidad fuera de las políticas intervencionistas de los gobiernos europeos y de las opiniones públicas, de la impermeabilización de las fronteras y de sus efectos sobre el sufrimiento de tanta gente.

 

Contenido de la obra:

CAPÍTULO PRIMERO LOS ORÍGENES DE LA PROSTITUCIÓN CONTEMPORÁNEA
I. LOS VIEJOS DISCURSOS: EL FIN DEL REGLAMENTARISMO Y LOS INICIOS DEL ABOLICIONISMO
II. LOS PRIMEROS CONGRESOS INTERNACIONALES Y LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS DE 21 DE MARZO DE 1950.
III. IDEOLOGÍA Y REALIDAD BAJO EL ABOLICIONISMO.
- 1. Los primeros cambios en la economía de la prostitución
- 2. La evolución ideológica en el interior del abolicionismo: del discurso moral al discurso de la dominación masculina
- 3. Las bases del nuevo abolicionismo radical: el modelo sueco
- 4. Los tópicos del abolicionismo: especial referencia al debate español
- 5. Evaluación de resultados
- 6. Conclusiones político criminales

 
CAPÍTULO SEGUNDO LOS NUEVOS DISCURSOS: DE LA AUTODETERMINACIÓN SEXUAL AL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOCIALES
I. LA NECESIDAD PREVIA DE UN CONCEPTO DE PROSTITUCIÓN: LÍNEAS METODOLÓGICAS
- 1. La prostitución es sexo
- 2. La prostitución es sexo libremente pactado
- 3. La prostitución es una actividad económica diversificada en un mercado internacionalizado
II. CONCEPTO QUE SE PROPONE: PRECISIONES FUNDAMENTALES
- 1. La prostitución forzada no existe
- 2. ¿Qué debe entenderse por prestación de servicios sexuales en la prostitución?: prácticas y personas implicadas - 3. La discriminación de las inmigrantes: el perverso discurso de una vulnerabilidad que se presume y no deja paso a la afirmación de voluntariedad
III. LA COMPLEJIDAD DEL LLAMADO «DISCURSO LIBERAL»: EN TORNO AL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN SEXUAL
- 1. Consideraciones preliminares
- 2. El modelo no intervencionista
- 3. El modelo regulacionista: el orden en las calles y otros iniciativas reglamentistas menores
- 4. El modelo laboral
IV. DEL DISCURSO LIBERAL AL DISCURSO SOCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
- 1. Marco conceptual e ideológico
- 2. Ejemplos de derecho comparado. especial referencia al caso holandés
- 3. Valoración crítica. insuficiencias del modelo laboral: el problema de las inmigrantes sexuales

 
CAPÍTULO TERCERO EL DISCURSO JURÍDICO Y LA LEGALIDAD PENAL
I. EL LENGUAJE EQUÍVOCO DEL DERECHO
- 1. Sobre la ausencia de un estatus jurídico para la prostitución: ¿ilicitud o alegalidad o ninguna de las dos cosas?
- 2. El discurso de la explotación sexual. las ambigüedades de un concepto penal que permanece indefinido
- 3. Si no es prostitución, ¿cómo llamar a la prestación de servicios sexuales no consentidos?: de las agresiones y los abusos sexuales al concepto de servidumbre.
- 4. Las relaciones entre prostitución y trata a partir de la idea de esclavitud sexual
II. OTRA RACIONALIDAD JURÍDICA ES POSIBLE
- 1. Un modelo de justicia diferente: hacia un juez de los derechos
- 2. ¿Es inconstitucional la discriminación intemporal de las trabajador@s del sexo? 3. Algunos cabos sueltos

 

© Fabiola Maqueda 2010

Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid

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Espéculo. Revista de estudios literarios
(Universidad Complutense de Madrid) 2010