Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales

Actos de habla y Derecho  
 
Jesús G. de Pablos Velasco
Universidad Complutense de Madrid

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    El presente artículo tiene como objeto evaluar si la "Teoría de los Actos de Habla" de Austin,  y las contribuciones a la misma de Searle y Grice , es un instrumento teórico útil para el análisis del derecho como hecho social.
 
    La concepción de las prescripciones (incluidas las legales) como actos de habla ilocutivos se debe entre otros a Bulygin. Según esta concepción las leyes tienen su origen y su justificación en la emisión de un acto de habla, el acto de su promulgación. Mi objetivo será demostrar en primer lugar que esta concepción, si bien muestra un elemento esencial de las prescripciones no constituye un análisis completo de las mismas. Y en segundo lugar que la posibilidad de una lógica normativa en sentido estricto, aunque pretendida, se hace inviable desde estos presupuestos.

    A la luz de la hipótesis "hablar es hacer" introducida implícitamente por Wittgenstein antes de que Austin formulara la teoría de los actos de habla, el uso del lenguaje consiste en una actividad que incluye: el acto de decir algo, el que tiene lugar al decir algo, y las consecuencias que acaecen por el acto de decir algo. Austin los denomina respectivamente, acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Hemos de señalar que no constituyen actos distintos, si no más bien sub-actividades, pues las tres se dan en cualquier acto comunicativo, aunque son analíticamente discernibles. Ejecutar un locutivo conlleva la realización de un ilocutivo. Al decir algo no solo significamos sino que también ejecutamos acciones socialmente relevantes, como afirmar, mandar, rogar, prometer. Pero al decir hacemos algo en un tercer sentido: las palabras producen resultados extralingüísticos, pueden desanimar, convencer o llevarnos a ejecutar cualquier acción.

     En una promesa (por citar el ejemplo que analiza  Searle):  "Te prometo llevarte al cine" se da determinada locución con un significado claro para los hablantes del Castellano, pero no solo se están emitiendo ciertos sonidos significativos, sino que a la vez estamos realizando el acto de prometer o lo que es lo mismo estamos adquiriendo un compromiso (si la promesa es sincera) de realizar determinadas acciones que suponemos que son deseadas por otra persona y a la vez al prometer estamos ejecutando una acción  que tiene consecuencias perlocutivas, tales como generar ciertas expectativas en el sujeto que recibe la comunicación.
 
     Hay que señalar también que quizás la terminología escogida por Austin es desafortunada, pues con "actos de habla" no se refiere exclusivamente a actos expresados mediante el lenguaje (oral o escrito), sino a cualquier acto comunicativamente válido aunque no se exprese por medio de los instrumentos lingüísticos habituales.

     Para comenzar a desarrollar todas estas cuestiones tomaremos una ley promulgada durante el reinado de Carlos III. la elección de este ejemplo se debe a que las leyes en este período se expresan como mandatos de un modo más explícito que las leyes actuales, lo que de alguna manera contribuirá a aumentar la claridad.

     "REAL CEDULA DE S.M ... POR LA CUAL SE MANDA  por punto general que los tribunales, jueces, y justicias fijen tiempo determinado a toda especie de condenas que se hiciesen en las causas de ociosos o malentretenidos o por otras semejantes en la conformidad que se expresa"

     Parece claro que se trata de un mandato, por lo que puede analizarse como un acto de habla. Es una locución en cuanto que tiene un significado claro, por lo menos para los hablantes del Castellano, se realiza un acto de decir válido en el que un sujeto, El Rey (A), manda a otros (B), (C), (D) etc. que hagan algo (x). Tiene fuerza ilocutiva, pues aparte de un decir algo es un hacer algo, en este caso mandar. Y este hacer tiene evidentemente consecuencias distintas a la emisión del mandato, (perlocutivo) por ejemplo que algunos sujetos "ociosos" no sufrieran penas perpetuas de privación de libertad a partir de la promulgación de la ley, y que otros vieran revisados sus casos y fueran puestos en libertad. Por lo demás, se cumplen las condiciones preliminares, de sinceridad y esencial a las que se refiere Searle  para considerarlo un acto de habla válido.

     Todo esto es una obviedad, pues cualquier hecho comunicativo, use la lengua normal u otros canales expresivos, puede ser analizado en este sentido. Lo que no parece obvio en absoluto es que se considere que las leyes son esencialmente eso: Un tipo de acto de habla, dicho de un modo más general, que las prescripciones se conciban ontológicamente como actos de habla.

     No voy a entrar en la cuestión de las normas consuetudinarias, pues aunque estas por si solas constituyen un contraejemplo para la caracterización de las prescripciones como actos de habla, hay otros problemas de índole lógico que hacen imposible esta concepción de las leyes y que tienen más interés filosófico.

     Para que un individuo interprete un acto comunicativo como un mandato dirigido a él debe sentir la obligación de obedecer, pues si no siente la más mínima obligación, independientemente de que a la postre cumpla o no con ella no podemos decir en serio que interprete el acto de habla como un mandato. Para que el acto de habla sea "feliz"  tanto el hablante como el oyente deben interpretar que la acción que se está produciendo es una y la misma. Los actos de habla son interacciones sociales que implican a dos o más individuos, lo que un acto de habla es, no se define únicamente por la emisión, ni tampoco exclusivamente por la intención del hablante; el receptor está igualmente implicado, su comprensión de lo que está sucediendo, su sintonía con el hablante, es una condición necesaria para que el acto de habla se dé.

     Las únicas razones que se me ocurren para que un individuo obedezca las órdenes de otro son: o que esté investido de alguna autoridad legítima, o que ejerza sobre el otro algún tipo de coacción, ya sea su capacidad para producirle algún mal en el caso de que desobedezca, o para dejarle de otorgar algún bien.

    Dando por sentado que para un individuo (B) un acto de habla formulado por (A) no constituye un mandato para él si no lo percibe como tal, es decir, si no siente la más mínima obligación a realizar lo mandado; resulta que las leyes son incomprensibles si no se dan ciertos hechos, y la aceptación de ciertas normas independientes del acto ilocutivo de mandar, o en este caso de promulgar una ley. Dicho de otro modo, que el origen, la existencia y la consistencia de las leyes no puede explicarse básicamente, como pretende Bulygin, mediante la teoría de los actos de habla.

     Voy a intentar mostrar a continuación que la teoría expresiva, que es como Bulygin denomina a la concepción del derecho en términos de actos de habla, desemboca en un regreso al infinito, en una petición de principio, o en la negación de la propia teoría que se pretende sostener.

     Para la teoría expresiva las prescripciones son actos de habla de un cierto tipo. Una ley es un acto de habla  ilocutivo en el que un sujeto (A) ordena que se haga algo (x) y otro sujeto (B) acepta el mandato de (A), asumiendo su obligación (se sobrentienden las cláusulas propias de sinceridad, etc.). el origen de las leyes es ser promulgadas por la autoridad competente para ello. Evidentemente, si (B) acepta la autoridad de (A) i.e., acepta que se debe hacer (x), puede ser, o bien en virtud de razones independientes a que haya sido mandado por (A), o bien por el mero hecho de que ha sido mandado por (A).

     En el primer caso (B) acepta ciertos deberes o normas independientemente de que (A) lo mande o no, en cuyo caso el origen y fundamento de la aceptación de un deber por parte de (B) es independiente de los mandatos de la autoridad (A) con lo que el origen de la aceptación del mandato o ley no está en el acto ilocutivo de mandar, como sugiere la teoría expresiva.

     Contra esto podría argumentarse que la autoridad de (A) se sostiene en el mandato de otra autoridad superior pero el problema podría plantearse igualmente respecto a la autoridad de esa autoridad superior y el porqué de la aceptación de sus mandatos, lo que nos llevaría si seguimos con ese juego a una regresión al infinito.

     En el segundo caso (el de que aceptemos que debemos hacer (x) solamente porque lo manda (A)) caemos irremediablemente en un círculo. ¿Porqué (B) debe hacer (x)?, ¿Porqué obedecer a (A), en qué reside su autoridad?, ¿Sólo en que manda (x)?, ¿En que emite actos ilocutivos del tipo "mandatos"?. Es decir las prescripciones se originan según la teoría expresiva en actos de habla ilocutivos emitidos por la persona competente para ello, y resulta que la única razón para la aceptación de la autoridad de un sujeto es que emite mandatos. Parece que la única solución es que (B) acepta hacer (x), porque lo manda una autoridad (A),  cuya autoridad no reside únicamente en el hecho de que emita mandatos, sino en otra serie de normas y hechos que el sujeto (B) acepta y le confieren autoridad a (A), i.e., le facultan para mandar y hacer que (B) obedezca. De lo contrario no se explicaría la obediencia de (B). Obediencia, o aceptación de cierta obligación (decida cumplir con ella o no), que como se ha dicho más arriba es una condición necesaria para que se de el tipo de acto de habla que estamos analizando.

     Volviendo al ejemplo de antes. El rey, no es el rey porque promulgue leyes, sino que estaba facultado para promulgar leyes porque era el rey. Y lo era, no por estos actos de promulgación, pues aceptar lo contrario sería atribuirle una autoridad injustificada por basarse en un círculo lógico, sino por otra serie de hechos que le conferían ante sus súbditos (o al menos ante una mayoría relevante de ellos) una autoridad legítima independiente a que emitiese de vez en cuando actos de habla ilocutivos consistentes en la promulgación de leyes.
 
     Con esto tenemos como decíamos al principio que el acto ilocutivo de mandar es conceptualmente imposible, si no se acepta la existencia de hechos y de normas independientes, a la emisión de mandatos. Luego el origen, la existencia, y la consistencia de las leyes no puede depender únicamente de la emisión de ciertos actos de habla ilocutivos.

     Me he ceñido al análisis del caso en un contexto de autoridad aceptada como legítima, ya he dicho que únicamente se me ocurre otro contexto en el que un sujeto pueda obedecer los mandatos de otro, y es en el contexto de la coacción. Generalmente en las leyes se dan ambos componentes. En el       contexto de la coacción el análisis es paralelo y si cabe más claro, pues la aceptación de la obligación de hacer (x) no se justifica sólo en la orden de realizarlo sino en el temor de (B) a que se produzcan consecuencias indeseadas si no obedece.

     Con todo, hay que reconocer que la teoría expresiva sitúa adecuadamente las leyes en el dominio de los hechos sociales, que el acto de habla consistente en la promulgación, es una condición necesaria (aunque no suficiente) para que se de una ley, es decir que las leyes entran en vigor, o comienzan a existir, en virtud de un acto de habla. Lo que critico, es que la teoría expresiva sea tan unilateral, que pretenda convertir el análisis del derecho en un asunto cuasi-exclusivo de la lingüística.

     A continuación vamos a analizar la segunda cuestión, la de la posibilidad de una lógica normativa en sentido estricto a la luz de esta concepción de las prescripciones.

     Para Searle lo que define el tipo de acto de habla que se está ejecutando en cada momento no reside en el significado de las oraciones que se utilizan, si no en lo que se haga con ellas. Un mismo enunciado, con un único significado, puede usarse para preguntar, afirmar, ordenar etc. Si decimos "Hay que estar aquí antes de las 9 horas" puedo estar dando una orden o informando a alguien, por ejemplo a un inspector de trabajo que se ha interesado por el horario de una empresa. Desde este punto de vista las prescripciones son hechos, sucesos en el mundo.

     Ahora bien,  en cuanto actos lingüísticos prescindir del significado para su caracterización los convierte en sucesos muy peculiares, pues estarían más allá del principio de contradicción, ya que sería posible que se den prescripciones contradictorias, formuladas por la misma persona en el mismo acto de habla ilocutivo.

     Un legislador podría perfectamente promulgar una ley que consistiera en mandarnos hacer algo y a la vez nos lo prohibiera. También podría imponer sanciones como cortarnos la cabeza si no obedecemos. La ley tendría la consecuencia perlocutiva indeseable de convertirnos en un país de descabezados, pero por muy hilarante que resulte, si las leyes sólo consisten en cierto tipo de actos de habla ejecutados por la persona competente para ello, resulta que este hecho, aunque hilarante, es lógicamente posible. El que un humano se contradiga es un suceso psicológico bastante habitual. El mundo está lleno de humanos que se comportan con una irracionalidad extrema.

     Esto significa, que desde esta concepción una lógica del derecho es absolutamente inviable.

     Podría eludirse la dificultad mediante el "truco" de convertir las prescripciones en afirmaciones sobre la existencia de prescripciones, pero es un proceder que oculta una falacia de ambigüedad, pues estaríamos haciendo una lógica sobre hechos lingüísticos que consisten en afirmaciones (afirmarían la existencia de una prescripción) en lugar de una lógica sobre las prescripciones mismas. y evidentemente no es lo mismo.

     El problema central de tomar las prescripciones como enunciados que afirman su existencia en un momento y lugar determinado, no es otro que el de encerrar una confusión entre lenguaje y metalenguaje, De  esta falacia de equívoco surge  "la contradicción  del mentiroso". No es lo mismo promulgar una ley que afirmar que una ley existe, aunque en castellano y otros idiomas es perfectamente posible hacer ambas cosas usando exactamente las mismas palabras. Sin embargo, la identidad es sólo aparente, aunque esta apariencia sea en ocasiones motivo suficiente para aventurarse por el camino de la confusión mencionada.

     Independientemente de que a luz de esta teoría una lógica normativa sea inviable, la pretensión de aplicar a los códigos normativos cálculos lógicos plantea un grave problema de legitimidad, pues no deberíamos considerar sólo como leyes aquellas promulgadas explícitamente por el legislador, sino también todas aquellas consecuencias que se pudieran deducir de éstas, estuvieran o no en la intención del legislador.

     Ahora bien, la legitimidad de una ley depende de ser promulgada por el legislador competente para ello, y de otra serie de hechos, como su constitucionalidad, su justicia (según otras concepciones del derecho) etc. no precisamente de su racionalidad, al menos exclusivamente. La cuestión es si serían legítimas a su vez las leyes derivadas lógicamente de una ley original promulgada por un legislador competente y dándose el resto de circunstancias que la convierten en legítima. ¿En que residiría su legitimidad?, ¿Serían legítimas si estas leyes derivadas no han sido advertidas por el legislador?. En este caso la única razón para considerarlas legítimas es su racionalidad, pero las leyes en general no son legítimas sólo por ser racionales. Con lo que la legitimidad de las leyes derivadas como consecuencias generadas por la aplicación de instrumentos lógicos sería más que dudosa.

     Por otro lado una práctica semejante supondría atribuir un valor absoluto a la racionalidad como principio fundamental del derecho y esto cuando menos parece muy arriesgado.


THEORIA  | Proyecto Crítico de Ciencias Sociales - Universidad Complutense de Madrid