Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales

Legitimidad  

Juan Carlos Monedero
Universidad Complutense de Madrid

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I. Si bien el problema de la legitimidad encuentra su primera gran reflexión politológica vinculada a la continuidad de ciertos linajes reales (el legitimismo monárquico acuñado por Talleyrand y que actuó como uno de los ejes del Congreso de Viena), es a partir de la obra de Weber cuando pasa a formar parte de los conceptos fundamentales de la ciencia política, esencialmente entendida como "creencia" (Glaube) en la bondad del poder por parte de los ciudadanos, y como "pretensión" (Anspruch) por parte de los dominadores de obtener obediencia merced a la supuesta razón que les asiste para mandar y, por tanto, encontrar respuesta a sus mandatos. Es igualmente lugar común en el análisis profundo del concepto de legitimidad weberiano señalar sus inconsistencias y contradicciones que llevan a que sobre la base de una misma obra pueda constatarse la existencia de un weberianismo de derecha (Kilmansegg, que lo usa para contraponer la soberanía popular a la definición de legitimidad), otro reaccionario (Carl Schmitt, que encuentra apoyo en la obra de Weber para justificar su teoría del decisionismo y la equiparación de la legitimidad con la legalidad), uno "disolvente" (Luhmann, que negará la existencia de la legitimidad como problema real, limitándolo primero a procedimientos y en un segundo momento a mera cuestión de simpatía o antipatía hacia los gobernantes) o de un weberianismo de izquierdas (Habermas, quien insistirá en los factores culturales de la identidad y los factores negativos del desarrollo de la modernidad que conducen a deslegitaciones, posibles crisis y agotamiento de las energías utópicas) (Heins, 1990).

Siguiendo el clásico trabajo de Joseph Bensman se pueden señalar hasta cinco diferentes acepciones del concepto de legitimidad en la obra de Weber: (1) como la creencia en la bondad de un orden social o político (legitimacy as belief); (2) como una reclamación desde el poder político, militar o religioso (legitimacy as claim sobre la base de elementos legales racionales, carismáticos o tradicionales); (3) como sinónimo de justificación de un régimen (se obedece cuando existen justificaciones, esto es, "legitimaciones de la dominación"); (4) como promesa de un futuro mejor (muy vinculado a la dominación carismática); (5) como autojustificación que hacen los gobernantes de su buena fortuna en aras de asegurar o monopolizar una distribución desigual de los beneficios sociales en su favor; (Bensman, 1979). Los conceptos weberianos de validez y legitimidad pecan de inconsistencia pues mezclan aspectos tanto objetivos como subjetivos, aspectos libres de valores con aspectos normativos, y manejan indistintamente nociones de "validez" referidas a normas orientadas hacia valores creídos subjetivamente o sustentadas sobre el derecho o las convenciones existentes. De ahí que sobre su obra puedan asentarse con igual justicia diferentes (e incluso opuestas) teorías de la legitimidad. El recurso parcial a determinados aspectos del trabajo de Weber oficia el último rito de la ceremonia de la confusión, especialmente cuando se recuerda, al margen del resto de su trabajo, que, según el sociólogo de Heidelberg el apoyo a un sistema se completa con recompensas directas y con la estructura de oportunidades percibidas por los ciudadanos, a lo que se suma la coerción inspirada en el miedo y una suerte de rutinización basada en la impotencia y en la falta de recursos intelectuales, políticos y materiales (Bader, 1989).


II. La legitimidad, como sucede con una buena parte de los conceptos de la ciencia social, tiene un uso constantemente herido por la costumbre y el uso viciado, de manera que un mismo concepto es usado indistintamente para definir realidades diferentes, tanto en su utilización popular como dentro de las disciplinas politológicas y sociológicas (Levi, 1982). Por nuestra parte entendemos que referirse a la legitimidad es hacer referencia a un postulado del poder. Es decir, hablar de legitimidad es interrogarse acerca de las razones que tiene la ciudadanía para obedecer al poder. La legitimidad de un poder existente se declara comparativamente con ayuda de una piedra de toque inexistente, esto es, en relación con los contenidos de la política que son entendidos como legítimos por los individuos que manifiestan su acuerdo o desacuerdo con quien ejerce el mando. Estos contenidos configuran un conjunto de ideas cuya característica común es su capacidad de ser generalizables a todos los miembros de una comunidad, bien en forma de derechos, bien en forma de modos y costumbres. La legitimidad es una construcción social íntimamente vinculada a la concepción antropológica de cada sociedad concreta (Voegelin, 1968), si bien participa de elementos comunes en cualesquiera lugares donde existen relaciones de poder: aquellos que permiten hablar del ser humano como especie. Es este carácter universalizable (válido por tanto) de lo que sea legítimo el que lleva a su asunción individual, a su aceptación como "ley íntima", al otorgamiento del "con-sentimiento". Se trata por tanto, cuando hablamos de legitimidad, de un comportamiento del poder que lleva a la generalización en una comunidad determinada de aquellos aspectos que se consideran más beneficiosos de entre los alcanzados gracias a la vida en sociedad (por ejemplo, en las sociedades occidentales avanzadas, la educación, la sanidad o determinado nivel de vida) y que no responden a cualidades estrictamente individuales y, por definición, no generalizables (la belleza, la inteligencia, la fuerza, la simpatía, de la misma manera que creencias particulares siempre que estos aspectos no influyan negativamente en la marcha social). La legitimidad, por tanto, tiene un referente espacio-temporal necesario, si bien la existencia de ámbitos políticos donde esté más avanzada esa generalización puede actuar como referente con el que construir nuevas razones de una renovada legitimidad con la que confrontar la labor de los gobernantes. Un gobierno que trabaja por la consecución en una sociedad de lo entendido como legítimo -no fracasando siempre, esto es, logrando cierta eficiencia material- conseguirá potencialmente legitimidad para su labor. Ese poder puede "reclamar" la obediencia en aras del principio de generalización. El cemento que debe unir la pretensión de obediencia con la creencia en el poder es un discurso líbremente formado que permita a través de la persuasión dialéctica entender, reclamar y ofrecer lo entendido como legítimo en ese momento y lugar. La generalización de las comunicaciones ha logrado unificar el espacio, lo que ha posibilitado exportar el modelo de legitimidad occidental al resto del planeta, aun a riesgo de anegar otras legitimidades más emancipadoras y de asentar la Paradoja del deshacedor de entuertos que logra más desaguisados que soluciones (referencia a la mala suerte de un jóven pastor defendido por Don Quijote de una paliza que le propinaba su amo, pues al partir de nuevo el caballero de la Triste Figura el pastorcillo hubo de sufrir triple castigo en venganza por la intevención del andante caballero)


III. Se ha señalado que el obrar de un poder conforme a la legitimidad otorga legitimación sólo potencialmente. Esto es así porque no hay que olvidar que el conocimiento humano sólo puede ser representativo, es decir, se construye socialmente sobre la base de representaciones colectivas que se validan en el discurso. Todo lo que quiebre la construcción libre de ese discurso afectará a lo que se entienda como legítimo (pueden funcionar ocultaciones e ideologías). Ahora bien, merced al principio antropológico que obliga al ser humano a la supervivencia, siempre hay que contar con la receptividad al discurso de la legitimidad, de manera que un poder que sepa de su potencial ilegitimidad y quiera permanecer en el mando debe contrarrestar con todas sus armas disponibles la extensión de ideas contrarias a su ejercicio de gobierno (Maquiavelo, 1988). Conviene señalar que del mismo modo que una actuación legítima no es garantía absoluta del mantenimiento de un poder, la inexistencia de legitimidad no se traduce en una quiebra automática de un sistema político (sólo se actualizaría esa quiebra con la generalización en la percepción ciudadana de la pérdida de garantía para la vida o con la disminución del umbral de represión del sistema). Un gobierno que no sea legítimo puede perfectamente ser estable en el corto plazo. A este respecto es importante hablar de "umbrales de reproducción del sistema", donde al igual que la expulsión social de un tercio de la población puede no afectar a la sociedad como un todo, en otras situaciones la oposición de una minoría poderosa (militares, empresarios, defensores de intereses de potencias extranjeras) puede dar al traste con ese orden.


IV. Tras la "muerte de Dios", es decir, tras su expulsión del ámbito de organización social y su relegación a la fe individual, corresponde al consenso acerca de los procedimientos definir en las sociedades occidentales lo que sea bueno, bello y verdadero. Allí donde antaño se encargaban los intérpretes de Dios (los sacerdotes) de marcar las pautas necesarias del consentimiento ([1] concepción ética del Estado, donde éste buscaba un fin "justo") o donde la mera existencia del poder asentaba en su misma existencia la razón de la obediencia ([2]concepción del realismo político garantizada por los policías o los soldados), se establecía ahora la idea de acuerdos sobre procedimientos para señalar lo que fuera la "verdad" social, de manera que pudiera reclamarse, por ser aceptada por todos, la obediencia ciudadana ([3]concepción contractualista donde la verdad última la establecen los jueces) (Rubio Carracedo, 1990). Las diferentes versiones de la legitimidad pueden ser entendidas de forma más clara si se adscriben a alguno de estos paradigmas de interpretación de la obediencia al poder. Las concepciones más enfrentadas al concepto de legitimidad hay que adscribirlas al realismo político (que, insistimos, puede fundamentarse en la obra de Weber). Tanto Carl Schmitt, quien equipara la legitimidad con la legalidad hasta fundirla en este concepto en su teoría decisionista (Schmitt, 1982), como Luhmann, quien en un primer momento vincula la legitimidad a cuestiones de mero procedimiento legislativo, electoral y judicial y, después, tras su giro autopoiético, la califica como una "ilusión" que no iría más allá de cuestiones de valoración personal de los gobernantes (Luhmann, 1969; Luhmann, 1984), aciertan en su descripción del problema. Ahora bien, estas interpretaciones, especialmente la de Luhmann (menos sospechosa de autoritarismo), presentan otro tipo de inconvenientes : (1) que su descripción corresponde exclusivamente a sociedades despolitizadas y atomizadas, de manera que si bien es cierto que el consentimiento es una cuestión cuasi mecánica, rutinaria y puntualmente reforzada con elementos de coacción, deja sin explicar cómo se ha alcanzado esa situación, qué desarrollo ha tenido el conflicto dentro de la imposición de ese orden y cuáles son las posibles vías de "reordenamiento" en el futuro, insistiendo su modelo en el mantenimiento de lo existente; (2) se establece desde ese análisis concreto una normatividad del comportamiento empírico registrado, de manera que la pluralidad de centros de poder horizontalmente existentes más allá del Estado (algo que ya apuntaría Gramsci en el primer tercio de siglo) y que encuentran en su propio funcionamiento las razones del cumplimiento de sus propias normas, no trae de suyo la petición de renuncia a la globalidad que encarna el Estado y su esquema de participación general por parte de la ciudadanía en unos criterios de comportamiento universalizables. Dicho de otro modo, la renuncia a hablar de legitimidad (identificada con un principio válido para toda la sociedad) deja al mercado la articulación de las diferentes realidades sociales. Se trata de la confusión de los presupuestos epistemológicos de la posmodernidad con sus presupuestos políticos (Blumemberg), de manera que la posmodernidad se transforma, luego de haber definido correctamente la novedad de algunos problemas, en una filosofía del letargo y la pasividad que termina por confundir la "modernidad política" con la "modernidad social", el liberalismo económico con el liberalismo político (Mouffe, 1994). Dando un paso más, aquellos que renuncian a trabajar con el concepto de legitimidad porque encarna elementos normativos, dejan abierto el escotillón por donde se introduce un concepto alternativo, el de gobernabilidad, que ya no se pregunta por el consentimiento ciudadano con el poder sino por las necesidades sistémicas que precisa un orden concreto para reproducirse (Offe, 1984).


V. La otra gran interpretación de la legitimidad en la estela weberiana corresponde a Habermas, de la que somos en buena medida deudores en estas páginas:

"Por legitimidad entiendo el hecho de que un orden político es merecedor de reconocimiento. La pretensión de legitimidad hace referencia a la garantía -en el plano de la integración social- de una identidad social determinada por vías normativas. Las legitimaciones sirven para hacer efectiva esa pretensión, esto es: para mostrar cómo y porqué las instituciones existentes (o las recomendadas) son adecuadas para emplear el poder político en forma tal que lleguen a realizarse los valores constitutivos de la identidad de la sociedad. El que las legitimaciones sean convincentes o que la gente crea en ellas es algo que depende, a todas luces, de motivos empíricos (Habermas, 1986).

Lo que se está haciendo con esta definición es distinguir "entre los aspectos estructurales o formales del consenso, que remiten a las condiciones en las que se genera, y los aspectos del contenido del consenso, que a su vez serán distintos considerando la pluralidad de contextos sociales e históricos" (Serrano, 1994, cursiva nuestra). De esta manera, "serán las condiciones estructurales o formales (en el sentido de que no definen el contenido de la decisión) las que nos permiten determinar un criterio racional para criticar a los diversos contextos empíricos" (ibidem). A través de un criterio racional basado en las condiciones estructurales se podría, en un segundo momento, valorar críticamente cada uno de los contextos empíricos.

Este criterio habermasiano asume que la legitimidad en las sociedades occidentales avanzadas, y merced a su rechazo a criterios sustanciales, sólo puede ser procedimental. Si bien esto es correcto, deja de lado, por ese temor a portar la onerosa carga de ser catalogado como metafísico, la generalización de los contenidos de la legitimidad sobre la base de que los dominantes y los dominados son siempre seres humanos (por tanto, animales racionales, sociales e históricos) con capacidad para portar memoria y desear siempre lo que entiendan que es una mejora en sus condiciones de vida si el precio a pagar por ello no les resulta a su juicio excesivamente oneroso. Es por eso por lo que Habermas termina reduciendo la existencia o inexistencia de legitimidad a un problema empírico, desviando hacia el campo cuantitativo lo que es estrictamente un problema cualitativo.


VI. Por nuestra parte entendemos que la diferencia no está tanto en la incidencia en el empirismo, en el trascendentalismo o en elementos voluntaristas sino en el grado de politización -comunicación problematizadora- existente en cada sociedad, y el intercambio que se produzca entre los actores políticos de los elementos que hasta esa fecha configuren en ese entorno lo que se entienda como legítimo. La acción comunicativa no tiene lugar al margen de las constricciones estructurales, mientras que sí es posible un desarrollo social donde no sólo no existen posiciones originales (Rawls, 1985) ni comunidades ideales de habla (Habermas, 1987) sino que son la rutina, el marco abstracto de determinados procedimientos y ciertos elementos de coacción (como apunta el realismo político) quienes determinan la obediencia al poder. El acceso a una definición de lo legítimo que incorpore a nuevos grupos a los máximos beneficios sociales hay que buscarla en la posibilidad de problematizar el poder, de mostrar su descarnada situación como tal poder (como en el cuento, el rey desnudo pierde su potestas, de manera que si carece de auctoritas hasta un niño cuestionará su privilegio). Estas ideas se resumen de forma clásica (y meridiana) en los trabajos de Maquiavelo: en situaciones de inestabilidad política, es decir, cuando está en marcha un proceso de creación de un nuevo orden o hay que articular la defensa del existente ante un embate cualificado es menester esgrimir una legitimidad novedosa, radical, dinámica, que articule a la población en la dirección que marque el caudillo -individual, colectivo o grupal- encargado de sumar las dispersas partes (reflexión de El Príncipe); por el contrario, en situaciones de estabilidad social basta con el funcionamiento ordinario de la República y su asunción simple del sistema reforzado con puntuales utilizaciones de los recursos coactivos (reflexión de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio).


VII. Los grupos o personas que hablan de legitimidad reclamando un nuevo curso político toman las ideas de lo que debe ser legítimo de esa panoplia de derechos generalizables que reposan en las constituciones, en las leyes, en modelos de otros países, en la propia reflexión o tradición mantenida o en los aparatos ideológicos tradicionales del pensamiento progresista o emancipador -generalizador por tanto de los máximos avances alcanzados en una sociedad-, bien en partidos políticos, bien en sindicatos de clase. De ahí que la lucha entre diferentes grupos sociales esté detrás de la generalización de esos derechos pues configuran por lo común un juego de suma cero donde la ampliación de un derecho implica la pérdida de privilegios sociales de algún grupo. Hablar de legitimidad es una forma de hablar del conflicto social. Su mera mención abre un proceso dialéctico donde el poder puede entrar en crisis, reforzando a su vez la sensación de ilegitimidad que llevará a una mayor crisis que permita avanzar un paso en la universalización de los derechos. Otorgar voz a la legitimidad es un ejercicio de emancipación (Dobry, 1988). La alternativa entre legitimidad y gobernabilidad es en no escasa medida la alternativa weberiana entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, entre la defensa del viejo orden y la de un orden emergente, entre los beneficios del presente y las promesas de mejora del futuro (Weber, 1988).


VIII. Cuando el ámbito cultural en el que se postula la legitimidad es común se puede pretender la generalización del consenso sobre unas pautas igualmente comunes que tienen detrás la concreción nada metafísica de su constitucionalización en leyes y en normas morales generalmente asumibles y comunicables. Toda sociedad, para reproducirse, debe cumplir con unos requisitos económicos, jurídicos, políticos y culturales. En el caso europeo, la legitimidad de un sistema (englobamos por tanto el régimen, la comunidad y el gobierno) es una función de la satisfacción de los cuatro requisitos de lo social extraídos por Parsons (1974; 1979) de la obra de Weber y expresados en un cruce de su esquema AGIL con la evolución del Estado:

A G
 
Subsistema Económico 
(Adaptativo)
Subsistema Político 
(Consecución de Metas)
Estado del Bienestar
Estado Democrático
Estado nacional
Estado de Derecho
Subsistema cultural 
(Mantenimiento de patrones)
Subsistema Legal 
(Integrativo)
L I

Para que la ciudadanía entienda de la legitimidad del poder y otorgue su consentimiento, el poder, expresado en forma estatal, debe cumplir en occidente con los requisitos recogidos en su evolución histórica en forma de Estado nacional, Estado de derecho, Estado democrático y Estado del bienestar (asumiéndose las particularidades nacionales y entendiendo que las posibilidades de reproducción del sistema están en manos de un grupo que cree la "mayoría funcional"). Ahora bien, la legitimidad, si es cierto que presenta esa posibilidad de progreso no significa por ello que no pueda retroceder. Dependerá, según se ha señalado, de cómo resulten en cada sociedad los conflictos de clase o de otro tipo (los motivos empíricos señalados por Habermas). Detrás del orden social está, como el más hondo anclaje de su razón de ser, el que es el impulso por excelencia del ser humano y sobre el que se construye el resto de su discurrir vital: sobrevivir. Ya se ha señalado que el mantenimiento del orden social, como insistió Weber, descansa sobre múltiples columnas, algunas de las cuales tienen la prosaica fortaleza de la más estricta materialidad:

"La "legitimidad" de una dominación debe considerarse sólo como una probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante. Ni con mucho ocurre que la obediencia a una dominación esté orientada primariamente (ni siquiera siempre) por la creencia en su legitimidad. La adhesión puede fingirse por individuos y grupos enteros por razones de oportunidad, practicarse efectivamente por causa de intereses materiales propios, o aceptarse como algo irremediable en virtud de debilidades individuales y de desvalimiento" (Weber, 1944).

Según las tesis que se acercan al realismo político, es en ese "poder normativo de lo fáctico" donde se encuentra la explicación de porqué una minoría puede conseguir la obediencia de la mayoría sin la necesidad de un uso desmesurado de la violencia física. Según esta interpretación (de la que se nutre el pensamiento luhmanniano), el silencio de la población está en una relación directa con el proceso de internalización en un ámbito normativo de una mera situación de poder. Se trataría de una "lealtad pasiva" de los dominados (aunque tal vez conviniera mejor el adjetivo "inconsciente") construida desde la fuerza (bien una mayor capacidad física, bien una mayor astucia o inteligencia) que emite el propio poder como autojustificación de esa situación social diferenciada. Si bien tendría la labilidad de la inconsciencia tendría igualmente la fuerza de ese mismo ausente discurrir -sería "masa desarticulada"-(Narr y Offe, 1975). Estas construcciones centran las razones de la obediencia en la obtención de algunos bienes materiales -siempre queda abierta la posibilidad de que aumenten, lo que debilita las propuestas de cambio que difieran la recompensa más allá de los cálculos propios de mejora social- y en la ausencia de análisis de la situación (frente a la cerrada y por tanto poderosa construcción intelectual de la minoría rectora) fruto de la despolitización (atomización) que llevaría a asumir el orden existente de forma acrítica al no poderse crear ni vislumbrar alternativas factibles en el horizonte. De esta manera, "una minoría que actúa como mayoría puede exigir conformismo. En otras palabras, un grupo que logra presentarse como mayoría formal puede afirmar su voluntad, aunque sea numéricamente una minoría" (Lechner, 1986). Esta explicación que reduce la legitimidad a un consentimiento pasivo, centrado en la ausencia de análisis y la consecuente imposibilidad de construir una alternativa factible (lo que produciría legitimación pero no legitimidad), confunde, en palabras del propio Lechner "la realidad social con las condiciones del poder". Esto se entiende de manera más clara si se centra el consentimiento de manera exclusiva (error comunmente cometido cuando menos desde las aplicaciones de la conclusión del trabajo pionero de Lipset entre democracia y economía) en la obtención de bienes materiales (Lipset, 1959). Este realismo "materialista" no podría explicar, por ejemplo, por qué un obrero alemán mal pagado y mal tratado fue a morir por su patria en la Primera Guerra Mundial, la revolución contra el Sha de Persia o los sucesos de mayo de 1968 en Berlín o París. Y, como ocurre con las explicaciones señaladas hasta ahora, igualmente deja sin explicación por qué existen grupos que, sin pertenecer a las minorías rectoras, llevan en su seno interpretaciones alternativas a las dominantes en la sociedad, aun a riesgo de sacrificar los dos elementos que explican la ventaja de la vida social más allá de la supuesta "causa formal" del hombre como ser social (esto es, la libertad y la vida).


IX. En occidente, la evolución de los derechos ciudadanos como derechos civiles, políticos y sociales hace ver que detrás existe una sociedad civil, una sociedad articulada en la defensa de sus derechos. Los derechos de ciudadanía son legítimos porque son universalizables y aplicables en su universalización (así se evita confundir una idea presuntamente universalizable asumida por la población -por ejemplo el mercado radicalmente libre de personas, bienes y mercancías- de algo realmente generalizable no mediado por la ausencia de un auténtico debate libre acerca de su significado -por ejemplo, el derecho a la educación, la alimentación o la vivienda). Por eso la reclamación de la legitimidad -de una nueva hegemonía en términos gramscianos- ni puede lograrse por la mera fuerza ni supone el cambio radical de todos los aspectos sociales: no reparar en esto dificulta el apoyo popular a cambios profundos en determinados aspectos de la estructura social. El logro de lo legítimo en las sociedades occidentales, que ya han alcanzado a través de la organización de un contrapoder y del conflicto social los contenidos del Estado nacional, del Estado de derecho, del Estado democrático y del Estado del bienestar (evolución de los derechos de ciudadanía), debe tomar forma de negaciones puntuales, esto es, de desobediencia civil -la guerra de posiciones de nuevo recurriendo a la terminología de gramsciana- que matice el significado de "democracia" y de "bienestar". Por tanto, no hay que confundir la idea de legitimidad de un poder -que señala la congruencia de un sistema con la generalización del máximo de los beneficios de vivir en sociedad- con la lealtad de las masas -que puede deberse a la mera rutina en el cumplimiento de unos procedimientos en ausencia de un debate al respecto- o de la estabilidad social -que puede reposar en la mera fuerza bruta-. La legitimidad puede por lo tanto y como se ha indicado avanzar y también retroceder, y en ello tiene mucho que ver en el siglo XX las posibilidades de generalización de un discurso -aunque defienda los intereses de una minoría- que permiten los modernos medios de comunicación, lugar ideal para nuevas formas de populismo mediático.


X. Es a todas luces cierto que la despolitización social conduce a la indefensión frente al poder, no sólo en lo que respecta a su materialidad -posibilidad de enfrentarse a través de la violencia-, sino en sus aspectos motivacionales. De ahí que siempre que exista una dominación donde la minoría no puede justificar a ojos de la mayoría su privilegiada situación deba recurrir a insistir y profundizar en los elementos atomizadores que impidan reconstruir un discurso alternativo al que se dirige desde el poder. Para estos fines es conditio sine qua non la erradicación de la memoria, bien a través del más obvio olvido, bien a través de la reconstrucción del mismo -la "neolengua" de la pesadilla orwelliana-, bien a través de la mezcla de ambos elementos en un discurso de la confusión escapista, presentista y desmovilizador.


XI. Es cierto igualmente que no es factible pensar en el abandono de un orden si no existe otro recambio inmediato -al menos creído como tal orden aunque corra el riesgo de tener un desarrollo no querido- que se considere mejor, preferible, "más legítimo" que el actual. La legitimidad es un problema que sólo existe socialmente cuando se expresa, aunque sea para explicitar su ausencia (como le ocurre a Dios, su existencia se limita a cuando es nombrado bien en su propia persona, bien a través de su alter ego Satanás). De la legitimidad es común hablar sólo cuando se constata que ha desaparecido en una sociedad y ésta ha experimentado una pérdida de legitimación -estabilidad- en el sistema político. Una vez que se quiebra la rutina de la sociedad, los movimientos alternativos se nutren de las ideas de la legitimidad de su entorno cultural. Aquellos que comenzaron a mostrar su desacuerdo con el sistema habían construído previamente una posibilidad de orden alternativo al que consideraban ilegítimo (esto al margen de una perfecta construcción causal de cada uno de los pasos a dar en caso de triunfar el nuevo orden. Por supuesto que aquí son igualmente válidos todo tipo de gradualismos respecto de un futuro intuído como mejor). Esas personas, convertidas en sujetos (poseen un proyecto colectivo), comienzan a dotarse de una organización que vaya permitiendo el análisis -necesariamente dialéctico- que construya la posibilidad de la alternativa. En términos de Hirschman, la "voz" es más relevante que la "salida" para el cambio de un régimen, pues la rutina no se quiebra por los hechos (de no pertenecer al más inmediato entorno) sino por la transmisión de los mismos. De ahí la importancia de los elementos superestructurales en el cambio social (Gramsci, 1970).


XII. Es igualmente Weber quien sostuvo que la evolución de la sociedad está marcada por la institucionalización de las resoluciones de conflictos alcanzadas entre grupos que compiten entre sí por el poder político (Weber, 1944). Esa institucionalización se traduce en diferentes órdenes sociales que van desde la construcción de la nación a la ordenación de la economía conforme a criterios de redistribución en el Estado social, siendo especialmente defendidos por su salvaguarda dentro de un texto constitucional con todas sus garantías en último término coactivas. Esa institucionalización coincide por tanto con lo que socialmente se considera legítimo. Dos detalles importantes al respecto: (1) en las sociedades occidentales esto es así siempre y cuando quede abierta la posibilidad de la desobediencia civil. De lo contrario se estaría incurriendo en la equiparación entre "legalidad" y "legitimidad" quebrándose la posibilidad de explicar el progreso social; y (2) en las sociedades no democráticas, la percepción que se tiene del desarrollo real de esos principio se corresponde con la imagen transmitida a través de los medios de comunicación y audiovisuales en general, creando una visión parcial maquillada que opera como elemento utópico con fuerza real. La definición de la legitimidad sobre esos contenidos (derecho universal de sufragio, pluralismo político, división de poderes, entidad nacional, redistribución de la renta, universalidad de la ley, libertad de expresión y reunión, etc.) se aleja de las definiciones metafísicas pues tiene el refrendo de toda una historia de construcción de los mismos (la que va desde el mundo griego y romano hasta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pasando por el Renacimiento, la Reforma y la Contrareforma, las Revoluciones Industrial y Francesa, la economía clásica, el pensamiento idealista alemán, el pensamiento socialista o la revolución rusa (Rokkan, 1970) y se aleja del mero empiricismo de las teorías del realismo político al ser un proceso anclado en la razón merced a que ha sido alcanzado a través de conflictos que han tenido que ser solventados y generalmente asumidos para garantizar la subsistencia de la sociedad. Es en ese proceso donde radica su inteligibilidad. Es lo que le permite a Habermas postular una reelaboración del imperativo categórico kantiano de manera que no se trataría tan sólo de obrar de manera que nuestro actuar pueda transformarse en norma universal, sino someter ese obrar "a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad" (Muguerza, 1986). Es en la posibilidad de la transmisión de los contenidos de lo legítimo -aquellos universalizables y voluntariamente aceptados- donde reposa la construcción de sociedades regidas por un poder legítimo. Y es lo que explica que todo régimen que de una manera u otra impida esa construcción difícilmente pueda portar el adjetivo de democrático o de legítima más allá de su estabilidad política y social.


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