Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales

Transfuguismo
Josep Maria Reniu y Vilamala
Universidat de Vic

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RENIU, J.M.: Abstencionismo | Coaliciones electorales | Coaliciones gubernamentales | Coaliciones parlamentarias
Coaliciones políticas | Fragmentación | Procedimiento electoral uniforme (PEU) | Volatilidad (Índices de)


 Todos tenemos una idea aproximada de qué queremos decir cuando planteamos o usamos el concepto de tránsfuga referido a un individuo. Básicamente expresamos con ello una connotación de carácter negativo respecto del comportamiento de un individuo determinado ante una situación dada.

 Es un concepto, por tanto, cargado de una valoración moral que implicará un modus operandi particular por parte del sujeto del mismo. Dicho concepto ha tenido y tiene una significación especial en el caso de la política española por cuanto desde el período de la Restauración apareció y no dejó ya de constituirse como nota distintiva del sistema político español.

 Si bien podríamos aproximarnos al concepto desde la óptica más generalista, esto es, considerar el transfuguismo como mera acción crítica resultante de la evolución ideológica del individuo y por tanto exenta de valoración peyorativa, nuestro análisis se centrará en una consideración más restringida del concepto, puesto que nos centraremos en él como tipo de comportamiento político de un individuo que conlleva un acto de traición.

 El transfuguismo se nos presenta -en esta consideración restringida al campo de la vida política- como aquella forma de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente elegido, abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otra. Así hallamos una conexión clara y diáfana entre dicho comportamiento y la institución de la representación política, mecanismo sobre el que volveremos y que supone la clave de vuelta sobre la que los sistemas democráticos basan su funcionamiento.

 Como señalábamos anteriormente, el fenómeno del transfuguismo se ha erigido, por méritos propios, en un elemento característico del sistema político español. Con la Restauración canovista, en el que el sistema se hallaba diseñado sobre la ficción de la existencia de partidos políticos y de vida política con instrumentos asociados a tal fin -turnismo, caciquismo... , el transfuguismo cobró carta de naturaleza en cuanto que era el comportamiento indispensable para el perfecto engranaje del sistema.

 De esta forma podemos entender el uso de los conceptos usados entonces y que recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: volver, cambiar o mudar casasca y chaquetear. Hacen referencia -bajo nuestra óptica- al cambio de un individuo de un partido a su contrario, por lo que se justifica plenamente su uso en el contexto falsamente bipartidista de la Restauración.

 Así los tránsitos que se efectuaban tenían como puntos de origen y/o destino los partidos liberal-conservador y conservador-liberal, cuyas denominaciones ya demuestran de por sí el carácter de reversibilidad de los mismos.

 Tras dicho período, obviando las etapas de dictadura militar, el fenómeno aparecerá con todo su esplendor en la recuperación de las libertades democráticas a raíz del óbito del General Franco. En este momento ya podremos utilizar plenamente el concepto de transfuguismo, por cuanto que el mismo implica el paso de un representante de un partido a otro, lo que conlleva la existencia de varios partidos. Por ende, dichos cambios ya no se realizarán de un partido a su contrario, sino que los partidos receptores de los tránsfugas serán aquellos (en la mayoría de los casos) más próximos ideológicamente a los respectivos partidos de origen.

 La diferencia principal que se establece entre este comportamiento y el anterior practicado en la Restauración es el hecho de que se da en un contexto de representación política basada en el sufragio universal de todos los ciudadanos/as. Ello implica, a diferencia del caso anterior, que la democracia representativa se encuentra ante una amenaza que proviene de la utilización de sus propios mecanismos de funcionamiento y en especial del principal de ellos, la representación política.

 Si con anterioridad el comportamiento tránsfuga podía considerarse como una aberración fruto de un sistema corrupto, fictício y oligárquico, actualmente debemos reorientar nuestro análisis puesto que la traición de la que se sirve supone el agravamiento de la crisis de la representación política y, con ello, socava los cimientos de los sistemas democráticos actuales.

 Partimos de la consideración de que el tránsfuga no es mas que un ejemplo de traidor; un individuo que viola la fidelidad debida a los electores que lo han votado y al partido que lo ha presentado para, con el poder que reviste dicha designación, usarlo en beneficio propio. Pocos han sido los estudios respecto del fenómeno del comportamiento tránsfuga, por lo que adaptamos de Jeambar y Roucatte su reelaboración del concepto de traidor para aplicarlo al tránsfuga.

 Estos consideran la traición como "acto fundacional de la política", a la par que la definen como "...expresión política [...] de la flexibilidad, la adaptabilidad, el antidogmatismo; su objetivo es mantener los cimientos de la sociedad...", puesto que según ellos "no se gobierna una ciudad con leyes de bronce y principio eternos, salvo que se prefiera, como en Irán o en Libia, la tiranía al proceso democrático. Gobernar es ante todo traicionar."

 El carácter ultramoderno de la traición viene caracterizado por el establecimiento de un "sistema de traición" compuesto por un método, la libre competencia política; un estado de espíritu, el pragmatismo y una convicción, la defensa de los derechos individuales. De la combinación de ambos conceptos se desprende que el tránsfuga, guiado por su pragmatismo y la convicción de la necesaria defensa de los derechos individuales junto con el loable fín de mantener intactos los cimientos de la sociedad, rompe con quienes le proporcionaron los medios para su elección ("dogmáticos y tiránicos ellos") y con quienes lo eligieron como representante de la colectividad.

 Parece acertado entonces considerar al traidor/tránsfuga como un actor racional, que evalúa costes y beneficios y selecciona la opción más racional -esto es, la que maximiza sus beneficios y minimiza sus costes- en su comportamiento. La cuestión es que esta caracterización beatífica del traidor no puede ser sostenida por nosotros a la luz de los efectos que dicho comportamiento político provoca en el sistema político, por lo que es más apropiado calificar estos comportamientos como de traidor y/o corrupción política.

 Sus causas deberemos buscarlas en la crisis de la representación política unida al deficiente trato jurídico con que se abordan los casos de transfuguismo.

I.Crisis de la representación política. Resulta obvio reconocer el carácter dual de la relación existente entre representante y representado. Su principal aspecto radica en la existencia de tensiones originadas por el incumplimiento, por parte del primero, de la voluntad del segundo. La concepción medieval de la representación trataba de superar estas tensiones mediante dos instrumentos: los cuadernos de instrucciones y la revocabilidad del representante. Era el modelo conocido como mandato imperativo, en el que se aseguraba la eficaz promoción del conjunto de intereses de los representados quienes tenían, en la capacidad de revocación, su seguro contra cualquier desviación en la acción de su representante.

 La Revolución francesa romperá dicho esquema y con ello planteará las novedades que llevarán a posibilitar comportamientos como el que analizamos. Con el concepto de nación, y sus concrecciones en la soberanía nacional y la voluntad general, consolida los datos de que el representante deja de serlo del grupo que lo eligió, para pasar a serlo de la nación en su conjunto. Asimismo desaparece la relación específica entre representante y representados en el proceso de formación de la voluntad de la nación puesto que la reunión de los diputados en la Asamblea expresa directa y soberanamente la voluntad de la nación.

 Se sustituyen así los instrumentos de control medieval, en este mandato representativo, por sus contrarios, esto es, la no revocación del representante así como la desvinculación del mismo respecto de sus representados gracias a la ficción de la representación nacional.

 La evolución de las sociedades y la extensión del sufragio hace inevitable, parafraseando a Sartori, la articulación de un instrumento para hacer manejables cifras que no lo son. Los partidos políticos se convierten así en el centro del proceso político y la representación adquiere una doble función: vertebrar estas sociedades plurales y complejas y legitimarlas vía consenso mayoritario.

 Pero el punto de interés se sitúa para nosotros en el cortocircuito que provocan dichos partidos al situarse entre la esfera de gobierno (representantes) y la esfera de la ciudadanía (representados), dando como resultado la existencia de una doble relación: entre representados (caracterizados como electores) y el partido; y entre el partido y los representantes. Asi el tránsfuga se caracteriza como un diós Jano de la representación política, a la que opta por desvirtuar cuestionando el centro de la misma, esto es, el mandato representativo.

 En este sentido han ido tomando cuerpo nuevos conceptos que pretenden reflejar los efectos causados por la aparición y centralidad de los partidos políticos. Se habla así de la existencia del mandato ideológico, del mandato de partido y del pseudomandato imperativo de partido, apuntándose genéricamente hacia la sustitución, por los programas electorales, de los antiguos cuadernos de instrucciones típicos del mandato imperativo.

 Esto es así en la medida que, aunque nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente la existencia del mandato impertativo (artº 67.2 de la Constitución Española), la representación política se articula a través de los partidos políticos. El funcionamiento institucional descansa en ellos, en razón de lo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en sus artículos 43 a 48, según los cuales son los partidos quienes designan a los candidatos y los incluyen en las listas, cerradas y bloqueadas, que deberán votar los electores. A ello debemos añadir lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP), de la que se desprende que son éstos quienes proporcionan a los candidatos los medios -humanos y materiales- que les permiten su elección. Con posterioridad el Estado se encarga de reembolsar al partido dichos gastos en función de los votos y escaños obtenidos.

 Como resultado obtenemos la quiebra del mandato representativo, puesto que se hurta a los representados la potestad de control expresada en la concepción de la representación como "responsiveness", a través de la potestad del partido para la confección de las candidaturas.

II.El contexto jurídico y las causas del transfuguismo. De ese contexto de crisis de la representación política, en especial del mandato representativo, se desprenden una serie de contradicciones que se plantean en el ámbito jurídico, teniendo como resultado la permisividad de las conductas de traición. Identificamos la escisión o disolución de un partido durante el transcurso de la legislatura, las exigencias de los partidos a sus diputados de la dimisión en blanco, la democracia interna de los partidos políticos y, finalmente, la determinación jurídica de la titularidad de los escaños.

 En cuanto a la primera de dichas contradicciones, ofrece escasa problemática jurídica por cuanto que la escisión de un partido no es una causa del transfuguismo sino, en todo caso, uno de sus efectos. En cuanto a la disolución de un partido anticipemos que la regulación jurídica de la titularidad de los escaños permite que los diputados de dicho partido los conserven.

 Respecto de las sanciones y las exigencias de dimisión en blanco -esto es, firmada pero sin fechar-  el tratamiento jurídico es distinto, por cuanto que jurídicamente un partido puede sancionar a un militante indisciplinado amparándose en una amplia tipología de discrepancias, si bien jurídicamente es inadmisible la imposición de multas o la exigencia de la dimisión en blanco. Esta, además, ha caído en desuso por su irrelevancia jurídica, dado que queda sin efecto ante una declaración expresa en sentido contrario por parte del diputado, senador o concejal.

 Mayor complejidad presenta el estudio de la democracia interna en el seno de los partidos políticos. Son varias las críticas a la su regulación actual en España, y siguiendo a Hirschmann podemos señalar que la prohibición de la existencia de corrientes organizadas tiene una incidencia directa y notable en el desarrollo del transfuguismo, en tanto que se cierran los canales a la voz, por lo que únicamente puede optarse por la salida o la lealtad.

 Pero toda la polémica analizada se reconduce al argumento jurídico que consagra las prácticas del transfuguismo: la titularidad personal de escaño. Ninguno de los argumentos anteriores tiene la suficiente fuerza como para superar el desfase existente entre realidad política y norma jurídica.

 La titularidad personal del escaño recibió la cobertura jurídica por parte de varias sentencias del Tribunal Constitucional a raíz de la impugnación del artº 11.7 de la Ley de Elecciones Locales de 17 de julio de 1978. Estas sentencias, y en especial las 5/83 y 10/83, vienen a introducir un factor de mayor confusión en el esquema de la representación política al negar el papel central de los partidos políticos en el proceso de formación de la voluntad popular. La interpetación constitucional prevaleciente es que un individuo, una vez electo, es dueño de su escaño y, por consiguiente, puede marcharse libremente a otro partido distinto del que le presentó a las elecciones, sin que de ello se derive consideración alguna en cuanto al falseamiento del proceso de expresión real de la voluntad popular.

 Esta interpretación supone, por tanto, la cobertura jurídica perfecta para el transfuguismo, en tanto que dicho comportamiento aparece como jurídicamente irreprochable e inatacable, con lo que la única crítica que cabe hacer es de índole moral.

 Pero además podemos analizar el comportamiento de los tránsfugas desde su óptica de racionalidad interna, esto es, aceptando la consideración del tránsfuga/traidor como actor racional aplicarle los presupuestos teóricos olsonianos y definirle como "free-raider" o gorrón.

 Bajo dicha óptica, la minimización de costes se efectúa gracias al papel predominante de los partidos políticos en el sistema político y, principalmente, por la cobertura jurídica derivada de las Sentencias del Tribunal Constitucional. El tránsfuga/gorrón se beneficia así de toda una infraestructura organizativa y de los recursos dedicados a la campaña electoral por el partido, asegurándose de esta forma la elección. Los costes parlamentarios, única posible traba a su actuación -a nivel nacional- sólo consisten en el establecimiento de dificultades en su adscripción a grupos parlamentarios distintos al formado por su partido, obligándole a incorporarse al grupo mixto, con lo que dichos costes resultan mínimos.

 Y resultan tan mínimos que casi son inexistentes, puesto que el Grupo Mixto se ha constituído, desde la restauración de las libertades democráticas en España, en una estación de paso en el tránsito de un partido a otro. Así, de 170 movimientos totales habidos desde 1977 hasta 1989 -correspondientes a 87 tránsfugas- únicamente 30 (el 17%) tuvieron como destino único y/o final el Grupo Mixto.

 No contentos con esta favorable regulación, se creó una figura potenciadora del transfuguismo: las agrupaciones de diputados en el seno del Grupo Mixto, con las mismas competencias que los grupos parlamentarios. El transfuguismo resultante tiene unos rasgos cualitativamente diferenciales, puesto que el free-raider del que hablábamos pasa a poder ser colectivo, puesto que coaliciones electorales pueden desmembrarse en su acceso al Parlamento, tal y como sucedió con los diputados electos del Partido Demócrata Popular y del Partido Liberal -coaligados con Alianza Popular en la Coalición Popular- que aprovechando dicha regulación constituyeron sendas agrupaciones de diputados en el Grupo Mixto.

 Es ésta quizá la muestra más clara del fraude, estafa y traición que el transfuguismo supone cara a los representados, puesto que éstos no tienen posibilidad alguna de reclamar ante el engaño sufrido al haber votado a una coalición rota justo después de la obtención del mandato popular.

 Gracias a estos mecanismos jurídico-parlamentarios el tránsfuga/traidor/gorrón -individual o colectivo- consigue reducir los costes de la acción y aumentar las expectativas de beneficio, con el consiguiente reforzamiento en las motivaciones. Tipificar éstas sería un ensayo de subjetividad pero no por ello parece menos claro que uno de los motivos del tránsfuga sea mejorar sus expectativas de futuro apoyando con su voto al partido en el poder. Esas loables intenciones que veíamos con Jeambar y Roucatte no serían así más que cortinas de humo que ocultarían, tal y como señala Colomer, "el deseo de mejorar sus expectativas, ya que suelen abandonar grupos que en su opinión les ofrecen pocas garantías para llevar a cabo sus políticas preferidas, facilitarles el acceso a cargos o permitirles la reelección".

 Este planteamiento nos lleva a preguntarnos por la cultura política de nuestros representantes, y más cuando salimos de un período de dictadura militar y cultura autoritaria. Los datos al respecto son claros. A nivel general -y centrado el estudio en el Congreso de los Diputados- hallamos dos modelos distintos de cultura de partido, que lógicamente se derivan de dos modos distintos de sufrir a los tránsfugas. Los partidos de izquierda se caracterizan por una mayor cohesión ideológica interna y un grado de disciplina mayor. Debido a sus incentivos colectivos -el fuerte grado de ideologización interna en el Partido Comunista de España o Izquierda Unida- y selectivos -ostentar el poder por parte del Partido Socialista Obrero Español-, presentan menor número de tránsfugas: únicamente contabilizamos 8 (que representan un 9% del total de 87), con un único tránsito más allá del Grupo Mixto.

 El caso del centro-derecha es radicalmente distinto. Al provenir sus recursos humanos de la etapa autoritaria anterior, tanto la Unión de Centro Democrático como Coalición Popular, se caracterizaron por su carácter poco cohesionado ideológicamente, al mismo tiempo que sus estructuras organizativas respondían a un modelo polisinodial, con distintos barones -con sus respectivas clientelas- luchando por el poder intrapartidista. Estas luchas provocan innumerables salidas (78 tránsfugas, un 91% del total), destacando el constante goteo de tránsfugas sufrido por la U.C.D. durante su gobierno en minoría que le obligó -entre otras causas- a convocar elecciones anticipadas en 1982 y a afrontar el inicio de su desaparición.

 Este comportamiento supone, en resumen, una estafa política que afecta directamente al sistema político en su conjunto, en cuanto que falsea la representación política, tanto en su sentido estricto como en cuanto a la representatividad de las decisiones adoptadas por los poderes públicos -esto es, la gobernabilidad- pero al que no podemos atacar por hallarse jurídicamente respaldado. Unicamente nos cabe denunciar dichos comportamientos al mismo tiempo que desarrollar una labor educativa en lo político para que el conjunto de los ciudadanos sea lo suficientemente críticos como para impedir con su voto dicho fenómeno.

NOTAS:


THEORIA  | Proyecto Crítico de Ciencias Sociales - Universidad Complutense de Madrid