DICCIONARIO INTERACTIVO DE DERECHO PENITENCIARIO
Universidad Complutense de Madrid
Preventivos

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1. Régimen legal
2. Internamiento en establecimientos especiales
3. Indemnización por absolución o sobreseimiento

1. Régimen legal:

La Constitución establece la libertad como un principio superior del ordenamiento jurídico (art.1-1), que ha sido calificada por la Ley Orgánica 6/84 reguladora del procedimiento de “habeas corpus” como “el más preciado y fundamental de los valores constitucionalmente proclamado”, de modo que las privaciones de libertad establecidas por el ordenamiento jurídico son excepcionales y han de interpretarse muy restrictivamente, máxime cuando son previas a la acusación formal y a la sentencia.

Respecto a la prisión provisional, así lo ha sido interpretado por las sentencias del Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 1984, 40/87, 10 de marzo y 17 de abril de 1989 y 71/94. La de 26 de julio de 1995 ha precisado que “la prisión preventiva queda supeditada en su aplicación a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce tanto en la eficacia de la medida como en ineficacia de otras de menor intensidad coactiva y queda también gobernada por los principios de provisionalidad, en el sentido de que debe de ser revisada si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción, y de su proporcionalidad, limitativo tanto de su duración máxima como de la gravedad de los delitos para cuya efectiva sanción y prevención pueda establecerse”.

Las medidas privativas de libertad, además, deben motivarse suficientemente, no siendo admisibles los autos de los Juzgados formados por un folio mecánica y rutinariamente preelaborados, en donde sólo se modifican el nombre del inculpado y el número de Diligencias. El párrafo final del art.141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el art.248-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exigen de todos los autos que sean fundados, lo que cabe requerir aún con mayor energía cuando se trata de la libertad personal de un inculpado. La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1991 estableció que “la decisión judicial debe tomarse por medio de auto motivado huyendo de los formularios estereotipados, adoptando una resolución en que se ponderen y manejen criterios de necesidad y proporcionalidad”.

Tales procedimientos judiciales rutinarios para enviar a un ciudadano a prisión son inadmisibles, por lo que resultan radicalmente nulos. Los autos de prisión preventiva deben razonarse y motivarse de forma suficiente e individualizada, de modo que el inculpado tenga la posibilidad de conocer los argumentos por los cuales el Juez ordena su prisión y pueda impugnarlos o refutarlos. Un auto de prisión inmotivado origina indefensión y si, además, si se redacta de forma genérica e igual para todos aquellos a quienes se acuerda idéntica medida, contraría el principio de individualización; supondría afirmar que todos van a prisión por los mismos motivos, lo que resulta, evidentemente, falso. En tales supuestos, el inculpado observa que su causa no está suficientemente esclarecida e identificada.

El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige tres circunstancias para poder acordar la prisión provisional:
a) que el hecho revista carácter de delito
b) que tenga señalada pena superior a prisión menor
c) que aparezca como responsable del mismo la persona contra la que se dirige el auto.

Sin embargo, cabe acordar la prisión provisional aún cuando la pena prevista sea inferir a prisión menor, si bien con mayor excepcionalidad, cuando, pese a que la pena prevista no sea superior a prisión menor, el Juez considere necesaria la prisión provisional del inculpado porque concurran alguna de estas cuatro circunstancias:
   a) los antecedentes del imputado
   b) las circunstancias del hecho
   c) alarma social creada por el delito
   d) la frecuencia con que se produzcan hechos análogos.

Cuando ninguna de estas cuatro circunstancias se cumple, carece de sentido la continuación de la prisión de privación provisional de libertad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una copiosa doctrina sobre el derecho a la libertad establecido en el Convenio de Protección de los Derechos Fundamentales en casos como Neumeister (27 de junio de 1968), Stogmuller y Maznetter (10 de noviembre de 1969), Ringeisen (16 de julio de 1971) y Guzzardi (10 de noviembre de 1980), entre otras, diferenciando dos situaciones distintas para proceder a la privación del derecho a la libertad individual. En primer lugar, alude a la detención, para la que reputa suficiente la existencia de meros indicios de haber intervenido en una infracción penal. En segundo lugar, se refiere a la prolongación de esa misma detención, lo que en nuestro ordenamiento se conoce como prisión preventiva, que sólo puede fundamentarse en dos objetivos, bien delimitados:
 (a) asegurar el resultado del proceso para prevenir, bien la ausencia del inculpado en todas aquellas diligencias procesales que requieran su presencia, bien la destrucción de pruebas
 (b) evitar el riesgo de la comisión de nuevos delitos.

Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece un baremo de circunstancia de las que puede derivarse el riesgo de fuga del inculpado, para lo que exige tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: gravedad de la pena prevista para el delito, conducta anterior del inculpado, carácter y personalidad del mismo, arraigo familiar, posición económica y social y circunstancias de la detención. También en cuanto a la destrucción de pruebas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a aludido al riesgo de soborno de testigos, amenazas contra los mismos, ocultación de los instrumentos del delito.

Un primer ingreso en prisión puede acarrear al recluido un estigma irreversible, ya que marca su previsible evolución futura en un sentido negativo, pese a que finalmente sea absuelto en este proceso que se haya iniciado en su contra. Los efectos de la prisión, especialmente en el primer ingreso, resultan estigmatizantes, ya que el inculpado se ve sometido a una experiencia traumática, cuyos efectos aflictivos son siempre irreparables: se quiebra la autoestima y desvaloriza su propia imagen. La prisión provisional es por sí misma un factor criminógeno que estigmatiza como delincuente y proporcio-na una imagen de sí mismo enormemente negativa que puede promover su degradación personal. Según el art.520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio".

La prisión provisional es inaceptable cuando existen medios menos gravosos que la prisión para asegurar la presencia del inculpado cuantas veces sea requerida para ello por el Juzgado.

2. Internamiento en establecimientos especiales. Artículo 10.2 Ley Orgánica General Penitenciaria Régimen de recursos. Sentencia del Tribunal Constitucional 54/92 de 8 de abril:

“A tenor de lo dispuesto en el artículo 43.3 del Reglamento Penitenciario, que en este punto se remite a lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en caso de adopción de la medida penitenciaria prevista en el artículo 10 de la misma, deberá comunicarse al Juez de Vigilancia Penitenciaria, en un plazo no superior a setenta y dos horas, el acuerdo motivado del Centro penitenciario, para que aquél lo ratifique o lo revoque; dicho acuerdo será notificado al interno el mismo día de su adopción, mediante entrega del contenido literal del mismo, indicándole que, en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes, podrá elevar ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria las alegaciones y proposiciones de prueba que estime oportunas (artículo 34.3 del Reglamento Penitenciario)”.

“En consecuencia puede concluirse que, en contra de lo que se dice en el Auto de 23 de noviembre de 1988, la resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria no fue dictada en segunda instancia, resolviendo un recurso de apelación supuestamente presentado el 6 de septiembre de 1988 contra la resolución administrativa de la Junta de Régimen del Centro de Preventivos de Pontevedra, sino en primera instancia, otorgando validez a un acto administrativo que, hasta ese momento, no pasaba de ser una mera propuesta necesitada de respaldo judicial. Frente a dicha resolución cabían, por consiguiente, de conformidad con los apartados 3 y 4 de la Disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no sólo el recurso de reforma efectivamente interpuesto y resuelto por Auto de 5 de octubre de 1988, sino también recursos de apelación y queja, este último sólo en el caso de que se denegase la admisión a trámite del recurso de apelación. Mas como en el presente caso no se denegó el recurso de apelación sino que, equivocadamente, se entendió interpuesto y resuelto, procede deshacer el error padecido y restablecer al recurrente en su derecho a interponer los recursos que autoriza la Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

*3. Indemnización por absolución o sobreseimiento:

El artículo 106.2 de la Constitución determina que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Idéntica expresión contiene el artículo 35 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

consultar: Responsabilidad Patrimonial 2.6

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