DICCIONARIO INTERACTIVO DE DERECHO PENITENCIARIO
Universidad Complutense de Madrid
Revisión de Condenas
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La revisión de condenas no produce el efecto de cosa juzgada:

Por la propia naturaleza del Derecho Transitorio, no cabe declarar nunca la firmeza de una revisión de sentencia por aplicación de la ley penal más favorable. Así lo dispone, en primer lugar, el apartado Segundo de la Disposición Transitoria Primera del Reglamento Penitenciario, según cuyo tenor: “Cuando en aplicación de las citadas disposiciones transitorias de la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, los Jueces o Tribunales no hubiesen acordado la revisión de las sentencia por considerar más favorables la liquidación efectuada conforme al Código Penal derogado y, como consecuencia de la pérdida por el interno del beneficio de la redención de penas por el trabajo, resulte que la pena que se está ejecutando pueda ser de duración superior a la que le correspondería por la citada Ley Orgánica 10/95, el Director del Centro Penitenciario, de oficio o a solicitud del interno lo pondrá en conocimiento el Juez o Tribunal”.

Este principio no es de aplicación sólo cuando se promulga una ley más favorable para el penado, sino también cuando cambien los criterios jurisprudenciales sobre el delito al que resultó condenado.

Esta es también la tesis sostenida por la Fiscalía General del Estado en su Circular 3/96 de 22 de noviembre, donde incluso se abre la posibilidad de recurrir en revisión ante el Tribunal Supremo en virtud del principio de igualdad ante la ley, y considera que el principio de retroactividad de la ley más favorable comprende también la retroactividad de la jurisprudencia más favorable, por lo que un cambio en la jurisprudencia sobre la misma debe dar lugar a una nueva revisión de la condena impuesta. La Circular finaliza instando a los fiscales a solicitar una nueva revisión de las condenas no revisadas en las que no se hubiera tenido en cuenta los nuevos criterios jurisprudenciales.

Finalmente, a favor de dicha tesis hay que mencionar las recientes sentencias de 20 de marzo y 13 de abril de este año del Tribunal Supremo, en las que se afirma lo siguiente: “Es cierto que el auto que declaraba la aplicación del antiguo Código Penal era firme, pero también que con posterioridad la Sala ha cambiado de línea sobre el cómputo de redenciones y de haberse aplicado en su momento se podía haber modificado el anteriormente expuesto. El criterio mantenido por la Sala no implica un cambio jurisprudencial sino una línea no modificada que encontró su origen en resoluciones de la Sala simultáneas o posteriores a las dictadas por la Audiencia en esta misma cuestión. En realidad no se trata de un simple cambio de la interpretación de una norma jurídica por la jurisprudencia sino de la adopción de un criterio sobre los presupuestos del cómputo de la liquidación de condena que debe constituir la base de la decisión del Tribunal sobre la ley penal más favorable. Esta Sala ha reconocido la posibilidad de que las Audiencias puedan dictar nuevas resoluciones en relación con las condenas dictadas en el caso de modificaciones sustanciales que afectan a la ejecución, como sucede en los cambios de las previsiones sobre redención. En otras palabras, la firmeza de un resolución que revisa la condena sobre la base del derecho transitorio no impide que con posterioridad sea dictada nueva resolución con ese mismo objeto cuando se ha producido una modificación sustancial de hecho que afecta a los datos que sirvieron como base al cómputo efectuado por la Audiencia en su momento para la liquidación. Como la comparación concreta no puede efectuarse por el Tribunal Supremo dado que dependen de la pena pendiente de ejecución en el momento de entrada en vigor el nuevo Código Penal y en la medida en que resulte aplicable la redención [...] la Audiencia Provincial dictará nueva resolución que sustituya la ahora anulada, de acuerdo con los criterios expuestos”.

En consecuencia, en la aplicación de disposiciones transitorias es claro que la revisión no adquiere firmeza cuando de la aplicación de la norma penal más favorable se trata, y que debe procederse a nueva revisión incluso cuando se modifiquen los criterios jurisprudenciales.

Este problema se ha planteado, específicamente, con la promulgación del nuevo Código Penal, al interpretarse que éste era menos beneficioso que el anterior, ya que no admitía la redención de penas por el trabajo. Si se optaba por el nuevo Código no se podían aplicar las redenciones obtenidas hasta el 25 de mayo de 1996, fecha de su entrada en vigor.

La disposición Segunda del Código Penal de 1995, establece que “para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro Código. Las disposiciones sobre redención de penas por el trabajo sólo serán de aplicación a todos los condenados conforme al Código derogado y no podrán gozar de ellas aquellos a quienes se les apliquen las disposiciones de nuevo Código. En todo caso será oído el reo”.

La sentencia 557/96, de la Sala en Pleno del Tribunal Supremo de fecha 18 de Julio de 1996 vino a definirse sobre la petición formulada por el Ministerio Fiscal de que el máximo Tribunal se pronunciaría sobre la amplitud con que ha de aplicarse la prohibición referida a que con el nuevo Código Penal no se tenga en cuenta los beneficios de la redención de penas por el trabajo, concretamente si han de reputarse esos beneficios cuando ya estuvieran consolidados, pese aplicarse las normas de este nuevo Código.

Y es este sentido, el Tribunal Supremo resuelve que “la interpretación de la mencionada Disposición Transitoria 2ª en los relativo a tal prohibición de aplicar la redención de penas con el Código nuevo ha de realizarse de forma restrictiva, pues, siguiendo la pauta de la sentencia número 174/89 del Tribunal Constitucional de fecha de 30 de octubre, conforme a la cual la redención de penas por el trabajo no es un ‘beneficio graciable’ sino que ‘consiste en el abono al penado para el cumplimiento de la pena impuesta’, citada por el Ministerio Fiscal en su escrito de contestación al presente recurso, hemos de estimar que tales beneficios, cuando ya han sido consolidados, se integran en una regla de computo del tiempo pasado en prisión, por virtud de la cual, con carácter general y dejando a salvo posibles redenciones extraordinarias aún más beneficiosas, dos días de internamiento valen como tres (artículo 100 del viejo Código) y ello de modo irreversible (sentencia del Tribunal Constitucional 174/89), de forma que es como si efectivamente el recluso hubiera permanecido en prisión todo el tiempo así computado”.

Con arreglo a tal criterio, dicho cómputo produce en la persona del reo así favorecido una situación penitenciaria plenamente consolidada que consideramos compatible con la aplicación del nuevo Código Penal, cuya prohibición relativa a la no aplicación de las disposiciones sobre redención de penas (Disposición Transitoria 2ª) ha de tenerse únicamente referida a aquella que pudiera después de la entrada en vigor de esta nueva norma penal, lo que ocurrió el 25 de mayo de 1996”.

Según Enrique Ruiz Vadillo los días redimidos constituyen el “patrimonio penitenciario del recluso”. El recluso que ha trabajado redimiendo la pena tiene en su “haber” los días que, conforme a la ley, ha redimido. Nadie puede luego sacar a relucir la forma en que se cumplió la pena, como no podría hacerlo si se eliminase, por ejemplo, el cumplimiento en régimen abierto.

Conforme a lo anterior, no es de recibo la interpretación de la Circular 1/96 de la Fiscalía General del Estado, ya que considerada la redención como efectivo cumplimiento de la pena “supone una aproximación de un tiempo de cumplimiento de la pena de dudosa constitucionalidad y amparada en una interpretación que no resulta acertada, pues un texto, redactado en términos de futuro y llamado a regular una situación de comparación entre dos textos a quienes son, o han sido, internos con anterioridad a la determinación de la penalidad más favorable o a la revisión de el gozado mediante la redención, ordinaria y extraordinaria, que [...] son modos de cumplir la penalidad impuesta”.

Por último indicar que en la actualidad ya existen algunos pronunciamientos judiciales en el sentido de resolver expresamente en el sentido de realizar una nueva revisión conforme a los criterios de las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio, y 13 y 22 de  noviembre de 1996.

El problema que suelen encontrar algunos órganos judiciales no es otro que el de la existencia de una resolución firme que resolvió negativamente la revisión.

Para solventar ese problema se puede acudir a la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/96 “Sobre el criterio jurisprudencial relativo a la redención de penas por el trabajo y la revisión de sentencias conforme al nuevo código penal, adaptando en este punto la circular 1/96 a la consolidada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. En el punto IV nº 3 se expresa literalmente “en el resto de los supuestos, que podrían agruparse bajo la descripción genérica de las revisiones de la revisión [...] El Ministerio Fiscal a la luz de tales derechos fundamentales (se refiere al derecho a la igualdad, a la libertad a la seguridad jurídica y al valor superior de la justicia), en juego habrá de instar tal revisión siempre que disponga de datos concretos que permitan operar en favor de tal revisión [...] En todos esos casos el Ministerio Fiscal a la luz de tales derechos fundamentales [se refiere al derecho a la igualdad, a la libertad a la seguridad jurídica y al valor superior de la justicia, N. del A.] en juego habrá de instar tal revisión siempre que disponga de datos concretos que permitan operar en favor de tal revisión...En todos estos casos, el Ministerio Fiscal promoverá, y en si caso, dictaminará la revisión de las actuaciones en que proceda conforme con la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Por último, la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia de 22 de noviembre de 1996, cierra el círculo al tener en cuenta “el problema político social que se produce por el hecho de que siendo las resoluciones judiciales un acto humano no se debe cerrar al paso definitivamente a la consideración de que pudieran estar equivocadas. El intérprete del sistema legal tiene que sopesar si en un momento dado el valor de la seguridad jurídica debe de sobreponerse al valor de la justicia. Un Estado democrático debe buscar salidas y soluciones para resolver los problemas que afectan a la libertad y a los derechos individuales”, y añade “por lo que estimamos que no se resiente, en absoluto la seguridad jurídica si aplicando por analogía lo previsto en el art. 267.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se procede de oficio a rectificar el error”.

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