DICCIONARIO INTERACTIVO DE DERECHO PENITENCIARIO
Universidad Complutense de Madrid
Rigor Innecesario
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El empleo de un “rigor innecesario” con los presos, así como someterles a “privaciones indebidas”, constituye un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 533. Según este artículo “el funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de noviembre de 1989 expuso que este artículo “es un precepto penal en blanco en cuanto deja al arbitrio del Tribunal que tomando en cuenta la totalidad de las normas contenidas en nuestro Ordenamiento y todos los imprevisibles supuestos que en el decurso de la vida ordinaria puedan presentarse, determine, en todo caso concreto objeto de enjuiciamiento, si se ha producido o no la conducta o el comportamiento típico que hace acreedor al funcionario de prisiones al reproche penal lo que requiere como se acaba de decir, la correspondiente ponderación de todas las circunstancias concurrentes”.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de julio de 1985 sobre el caso Herrera de la Mancha expuso lo siguiente respecto a este delito, antes tipificado en artículo 187.5:

“Entre los delitos cometidos por los funcionarios de prisiones contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes, en el número 5 del artículo 187 del Código Penal, se encuentra tipificado el delito por el que han sido condenados 9 de los 12 procesados, y, en él se establece como conductas objeto de sanción penal: a) la imposición a los presos o sentenciados de privaciones indebidas, estando comprendidas en esta dinámica delictiva tanto el despojo como el impedimento a utilizar o ejercer los derechos y facultades que los reclusos tienen; y b) el uso, con los mismos, de un rigor innecesario, comprendiendo este uso la utilización, la dureza y severidad desproporcionada con la normativa del régimen penitenciario, por lo que es imprescindible para poderse apreciar esta figura del delito, que esta severidad o dureza esté en conexión con la actividad desarrollada por los presos o sentenciados, del que se deriva el carácter teleológico de esta figura o transgresión jurídica, que exige que la acción, que realiza el funcionario o funcionarios de prisiones, sea ejecutada con el fin de mantener el régimen del establecimiento en el que se realizan los hechos, pudiendo surgir un concurso de infracciones penales o de delitos, cuando de la innecesidad de las medidas adoptadas brota un resultado lesivo en otros bienes protegidos jurídicamente por el ordenamiento penal. Dentro de la misma sección de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes, en el párrafo 3 del artículo 204 bis del Código Penal, se sancionan a las Autoridades y funcionarios de instituciones penitenciarias, que cometieren sobre los detenidos o presos los siguientes actos: a) los constitutivos de delitos previstos en el Capítulo I y VI del Título VIII (homicidio y lesiones) y Capítulo VI del Título XII (amenazas y coacciones); y b) los que estén penados en los artículos 582, 583 número 1.§ y 585 (lesiones de uno a quince días, que no causen al ofendido el poderse dedicar a sus trabajos habituales ni asistencia facultativa, o golpeamiento, o malos tratos de obra o de palabra sin producir lesión), y tanto una como otra acción exigen, como elemento tendencial, no el fin de obtener una confesión o testimonio como recoge la Sentencia, en su loable estudio, y sí que la actividad o conducta de la Autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias se realice por razón de la calidad del sujeto pasivo, es decir, en consideración a ser personas detenidas o presas, pues si se les diere el mismo ánimo finalístico de obtener una confesión o testimonio, quedarían fuera de la acción punible el dolor o el sufrimiento físico infringido al delincuente, no exigido por el régimen penitenciario, y ello implicaría el agravar su penalidad y posibilidad de revivir o resucitar el tormento, hoy abolido y proscrito, no solamente en nuestra Legislación, sino por la Convención Internacional sobre esta materia, ratificado por España. De lo expuesto, se puede llegar a la conclusión de que la diferencia entre los delitos del número 5 del artículo 187 del Código Penal y del párrafo 3 del 204 bis del mismo Código, descansa en el fin que impele de la conducta, consistente en el deseo del rigor que resulta innecesario para mantener el régimen disciplinario en el primer precepto, y finalidad de aumentar y agravar el estado de los reclusos en la segunda infracción punitiva. Desde esta óptica, resulta: que tienen encaje en el tipo penal del número 5 del artículo 187 los hechos que se narran en el apartado c) y en el último inciso del apartado f) y no los actos del apartado i); y que se encuentran tipificados en el párrafo 3 del artículo 204 bis del Código Penal, los hechos que se expresan en los apartados d), e), primera parte del apartado f) y apartado h), ya que los primeros narran los golpeamientos innecesarios dados a internos y reclusos que obedecen a la idea del restablecimiento del régimen de la prisión, y los segundos se ejecutan por razón del carácter de las personas como reclusos.

“Los funcionarios de prisiones que han sido condenados, actuaron con el fin de mantener la disciplina en el establecimiento penitenciario, y la esencia del delito radica en la no necesidad de los medios coercitivos empleados, pues la característica del delito es que el rigor, que se permite por la norma, sea innecesario, y esta innecesidad, como se ha dicho, fue concurrente en los hechos de los apartados que han originado la presente figura delictiva del número 5 del artículo 187 del Código Penal, pues los golpeamientos fueron dados incluso después de la reducción de los reclusos [...] El exceso del rigor permitido por la Ley, y que es susceptible de imponerse por el cumplimiento del deber, ha sido extralimitado y esto es lo que origina el nacimiento de la innecesidad rigorista, como condicionamiento del delito”.

Según la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 1990 “la figura del delito de rigor innecesario es compatible con el delito de lesiones en cuanto ambas figuras típicas amparan bienes jurídicos distintos, pudiendo dar lugar a un concurso de ambas infracciones (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 julio 1985, RJ 1985\3960)”.

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