DICCIONARIO INTERACTIVO DE DERECHO PENITENCIARIO
Universidad Complutense de Madrid
Torturas y Malos Tratos
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La interdicción de la tortura, así como de las penas o tratos inhumanos o degradantes, se contiene en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 y en el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950. Esta prohibición, en el ámbito penitenciario, se ha establecido en el artículo 31 de las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos adoptadas en 1955 por las Naciones Unidas, en el artículo 37 de las Reglas Penitenciarias Europeas adoptadas en la Recomendación (87) 3, de 12 de febrero de 1987 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y en nuestro ordenamiento jurídico penitenciario, bajo la más genérica prohibición de malos tratos a los presos, se contiene en el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, precepto que ha de ser interpretado en relación con el artículo 15 de la Constitución española y los instrumentos internacionales que se han mencionado, por lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución.

La tortura es un delito tipificado en el artículo 174.1 del vigente Código Penal, que la define de la siguiente manera: “Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral”. El número 2 de ese mismo artículo extiende el delito de torturas a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos los mismos actos antes descritos.

Los malos tratos aparecen sancionados en el artículo 173 del Código Penal, que dispone lo siguiente: “El que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. El artículo 175 contiene una cláusula residual en la que sanciona todos los demás agresiones cometidas por la autoridad o funcionario público que atentare contra la integridad moral de una persona abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en las definiciones anteriores.

Finalmente, artículo 176 sanciona “a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten” los hechos delictivos descritos.

Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 120/90, para encuadrar una pena o trato en alguna de las categorías del artículo 3 del Convenio de Roma de 1950, ha de atenderse a la intensidad de los sufrimientos infligidos a una persona. Habiendo declarado este Tribunal, de conformidad con esa doctrina, que las tres nociones también recogidas en el artículo 15 de la Constitución (torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes) son, en su significado jurídico, “nociones graduadas de una misma escala” que en todos sus tramos entrañan, sean cuales fueran los fines, “padecimientos físico o psíquicos, ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y, con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente” (Sentencias del Tribunal Constitucional 127/90 y 137/90). Y en particular, para apreciar tratos inhumanos o degradantes en el ámbito penitenciario, es necesario que “éstos acarreen sufrimientos de una especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que debe llevar aparejada una condena” (Sentencias del Tribunal Constitucional que 65/86, 2/87, 89/87, 120/90, 137/90 y 150/91). El Tribunal Constitucional ha declarado que aunque una concreta medida no pueda considerarse constitutiva de trato inhumano o degradante “en razón del objetivo que persigue”, ello no impide que se le pueda considerar como tal “en razón de los medios utilizados” (Sentencias del Tribunal Constitucional 120/90 y 137/90).

Al respecto, en el caso de la muerte por torturas de Agustín Rueda Sierra en la prisión de Carabanchel, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 1990 expuso lo siguiente:

“En el delito de torturas el sujeto activo ha de ser forzosamente una autoridad o funcionario público, con igual referencia a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias. Y no sólo esto, sino que iguala en la penalidad a quienes siendo autoridad o funcionario, faltando a los deberes de su cargo, permitan que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. Es decir, que el precepto pone en la misma línea a los autores directos y a los omitentes, garantes de la no ejecución.

“Por ello, si estamos en realidad ante un delito de torturas, la comisión de determinados delitos por autoridad o funcionario en el curso de una investigación policial, judicial o penitenciaria, habrá de entenderse que es inherente a tales infracciones con la agravante genérica de prevalimiento de carácter público para todos los intervinientes, sean por acción, sean por omisión.

“El recurrente no ejecutó por su mano ningún castigo o maltrato físico a los reclusos de autos, pero consistió en ello, ya de forma activa, como inductor, ya omisiva, en cuanto le alcanza también, por su cargo, la condición de garante dentro de la prisión del cumplimiento del ordenamiento jurídico.

“La eximente de obediencia debida no puede operar en todo caso, sino que el funcionario subordinado jerárquicamente tiene el deber de examinar si la orden que recibe es justa o antijurídica ya que al subordinado no puede exigírsele un acatamiento ciego a toda orden que reciba del superior, porque si la orden es injusta no vincula al subordinado (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 febrero de 1986 (RJ 1986\903), 1 julio 1987 (RJ 1987\5142). Si bien este “derecho de examen” de la legalidad de la orden ha sido debatido, en nuestro derecho positivo se llega a la conclusión, por obra del artículo 369 párrafo 2 del Código Penal, de que si constituye el mandado ‘una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley’ no debe ser acatada, de modo que sólo la apariencia legal de la orden puede inducir a error al funcionario subordinado, caso que no se da cuando la ejecución de lo mandado implique, como sucede en esta causa, la comisión de delitos que atacan o puedan atacar la integridad física de las personas. Pero lo demás, la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 julio 1958, concordando con el artículo 9.3 de la Constitución Española, establece la nulidad de los actos de la Administración cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito (artículo 47.1) y si se ordena la comisión de un delito, el mandato constituye una infracción penal (artículo 14.2). De todo ello se deduce que dichas órdenes, además de ser nulas, no son obligatorias para los inferiores ni, en consecuencia, no pueden motivar el delito de desobediencia del artículo 369 del Código Penal. No cabe, pues, invocar los preceptos reglamentarios en los que se fijan las atribuciones del Director y Subdirector de la prisión, pues es claro, por su jerarquía normativa, que en ningún momento pueden violar o contradecir disposiciones legales de superior rango”.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 1990 definió del siguiente modo el delito de tortura: “Según el artículo 204 bis del Código Penal el delito de tortura en él definido se integra, según tiene declarado esta Sala, por la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) En cuanto al sujeto activo del delito ha de ser indispensablemente autoridad o funcionario público; 2) Las conductas típicas integrantes de este delito han de efectuarse en el curso de una investigación pericial o judicial; 3) Que las acciones punibles ejecutadas tengan por finalidad conseguir del sujeto pasivo una confesión o testimonio [...] Siendo indiferente para la aplicación de este tipo cualificado y agravado del delito de lesiones que el procesado actuara guiado por un interés personal pues se prevalió de su condición o cualidad de Agente de la Autoridad con destino en la Comisaría donde fue conducido el detenido para la investigación de un delito de hurto cometido el día anterior, para ejecutar el hecho punible”.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de mayo de 1993 afinó este concepto en función de toda la normativa internacional que lo regula: “Tanto en la definición de tortura dada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 9-12-1975, como en la definición del delito previsto y sancionado en el art. 204 bis del Código Penal, se exige que los actos merecedores de tal calificativo hayan sido realizados por Autoridad o Funcionario Público, con un ánimo tendencial, cual es, el de ir dirigidos a obtener una confesión o testimonio [...] de manera que, cuando no concurre el referido elemento intencional en los delitos o faltas a las que se refieren los distintos párrafos del precitado art. 204 bis CP las respectivas infracciones penales únicamente ser n sancionables de conformidad con lo previsto para las infracciones punibles ordinarias de que se trate”.

En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de diciembre de 1993, emitida en el  caso Linaza expuso lo siguiente en referencia a los copartícipes del delito:

“El conocimiento de los malos tratos inferidos y la total pasividad ante ellos cuando su condición funcionarial, hacía obligada su denuncia a las autoridades o superiores. Tratándose de un delito público, sancionado en el art. 204 bis del Código Penal, al que fue adicionado por la Ley 33/1978, de 17 julio y cuya conducta chocaba frontalmente con lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución, norma fundamental y suprema de autoridades, funcionarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, policía judicial y particulares y con los pactos internacionales vigentes a la sazón que formaban parte del Derecho interno español -art. 96.1 de la Constitución- y que servían incluso para la interpretación de los derechos fundamentales y libertades públicas -art. 10.2 del mismo Texto Fundamental- como el art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos hecha en París el 10-12-1948, proclamada por la 183 Asamblea General de la ONU el 10-12-1948, o el art. 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales hecho en Roma el 4-11-1950 y en el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York el 16-12-1966, resultaba de obligada participación para hacer cesar tan irregular y punible conducta.

“Dirigiendo el interrogatorio este recurrente, el detenido fue golpeado y amenazado y ello conduce a una cooperación necesaria del art. 14.3 del Código Penal. En todo caso, el art. 204 bis en su último párrafo impone las penas en él previstas a la autoridad o funcionario que, faltando a las obligaciones de su cargo, permitiese que otras personas ejerciten los hechos previstos en ellos.

“Que la infracción que ahora se enjuicia, como señaló ya la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11-6-1992 (RJ 1992\5058), no constituye, en principio, más que un tipo cualificado y agravado de otras infracciones, en nada empece a su carácter, ni a la efectiva participación del citado recurrente en el delito.

“Si bien no los presenciaron [los malos tratos], sí tuvieron cumplido conocimiento [otros funcionarios] y tampoco realizaron actividad alguna encaminada a dicha finalidad de persecución de los hechos. Con tan intangible relato se patentiza una clara conducta prevaricadora por parte de funcionarios públicos -en el sentido del art. 119 del Código Penal- en que teniendo conocimiento por presencia o por cumplida información de unos hechos delictivos no los persiguen, bien directamente o no los ponen en conocimiento de autoridades o funcionarios superiores con tal finalidad.

“Se trata de un delito de pura omisión, que se refiere ante todo a los funcionarios de la policía judicial.

“Las Sentencias del Tribunal Constitucional 120/90 de 27 junio y 137/90 de 19 julio la definen como ‘padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente’.

“Son los propios Tratados Internacionales suscritos por España, que sirven para interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas -art. 10.2 de la Constitución- y que válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno -art. 96.2 del mismo Texto- los que no sólo se refieren a la tortura, como los citados al examinar el recurso de los acusados, sino que como la Convención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes realizado en Nueva York el 16-12-1984, ratificado por España el 4-2-1985 que en su art. 1.1 la definen como “todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigar por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros, o por cualquier razón basado en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

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