DICCIONARIO INTERACTIVO DE DERECHO PENITENCIARIO
Universidad Complutense de Madrid
Traslados
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1. Análisis
2. Competencia para ordenar los traslados
3. De presos enfermos
4. Condiciones del vehículo
5. Resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid
5.1 Limitación de peso de los objetos transportados en los traslados
5.2 Improcedencia de traslado a establecimiento penitenciario militar


1. Análisis:

La cárcel, en ocasiones, utiliza los traslados como forma de sanción encubierta y de estructuración del régimen en función del orden y de la seguridad. Ello supone un aumento del castigo y del sufrimiento, no sólo por el desarraigo personal sino también por el familiar, y por las condiciones humillantes y denigrantes en que se efectúan los mismos. Supone un incumplimiento flagrante de la legislación penitenciaria, cuando existen mecanismos en las cárceles intermodulares para evitar tales situaciones.

Según la ley, las conducciones han de respetar la dignidad, los derechos de la persona presa y la seguridad de la conducción (artículo 18 de la Ley General Penitenciaria y 36.1 Reglamento Penitenciario). Los traslados de prisión a prisión se hacen por carretera, en autobuses denominados vulgarmente “canguros” o en furgonetas, custodiados por miembros de la Guardia Civil. Pero estos vehículos carecen de las adecuadas medidas de seguridad a pesar de la modificación legal (Orden de 6 de abril de 1990) que así lo establece.


2. Competencia para ordenar los traslados:

Según la sentencia del Tribunal Constitucional 138/86 de 7 de noviembre, “la Ley General Penitenciaria no atribuye al Juez de Vigilancia la competencia para conocer de los recursos contra las Resoluciones de la Dirección General que afectan al traslado de los penados de un establecimiento a otro, traslado que es atribución de ese organismo, según el artículo 80 del Reglamento Penitenciario. No obstante, el Juez se dirigió a ese efecto a la Dirección General, más sin resultado. Consiguientemente, el penado debió instar la vía contenciosa”.

Los criterios refundidos de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria vienen señalando que: “En materia de traslados de internos, la gestión corresponde a la Administración, pero al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le compete el control de la forma de realizarlos, pudiendo dejar sin efecto el traslado cuando haya habido abuso o desviación de poder por parte de la Administración Penitenciaria, poe ejemplo, cuando con el traslado se intente sustraer al interno a la competencia de determinado Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que haya de resolver una queja o recurso formulado por aquél; cuando el traslado constituya una sanción encubierta, o cuando con el mismo se produzca un empeoramiento de la situación del interno respecto de beneficios penitenciarios, de la aplicación de un tratamiento o de la posibilidad de desempeñar un trabajo en régimen abierto. A estos efectos, la competencia corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del territorio donde se encuentra el Establecimiento penitenciario desde el que se produce el traslado. Si el interno formula una queja ante el Juez del lugar de destino, éste la trasladará al indicado anteriormente para su resolución”.

Por tanto, si bien la competencia de los traslados reside en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a los Jueces de Vigilancia, en base al artículo 76.1 de la Ley Orgánica Penitenciaria, les compete el control de los mismos, pudiendo dejar sin efecto el traslado cuando haya habido abuso o desviación de poder por parte de la administración penitenciaria (criterio número 14 de la reunión de Jueces de Vigilancia de 1994).
 Por su parte, el Auto 568/98 de fecha 14 de mayo de 1998 de la Audiencia Provincial de Madrid, ha reconocido la competencia del Juez de Vigilancia cuando el traslado afecte a derechos fundamentales:

“Del examen de la totalidad de las actuaciones resulta:

A.- Que el interno sufre una grave enfermedad (Hepatitis b) que no ha respondido a los tratamientos clásicos.
B.- Que existe riesgo de que esa enfermedad degenerase en términos de máxima gravedad.
C.- Que existe la posibilidad de un tratamiento más eficaz en determinados centros hospitalarios del País Vasco, y, parece ser, de Cataluña. Esa posibilidad se ha ofrecido en concreto al interno por una clínica de San Sebastián.
D.- Que el Centro Directivo no ha dado motivos claros de las razones que desaconsejan el traslado del interno.

“No queda claro el conflicto de intereses. De existir el conflicto se plantearía entre la salud del interno y razones bien de seguridad, bien de política general o penitenciaria. Estas aparecen difusas en el expediente y por ello el conflicto aparece como dudoso. Pero es que, aunque se planteara netamente, la política general sobre traslado de presos, y aún la especifica respecto de los integrantes de E.T.A. han de subordinarse al respecto a los derechos fundamentales entre ellos el derecho a la integridad física (y a la vida (pues el curso de la enfermedad puede ponerla en riesgo) reconocidos por el artículo 15 de la Constitución, ello aparte de que la seguridad puede garantizarse con los medios de que dispone el Estado (y las Comunidades Autónomas) y es harto difícil pensar que un traslado individual por razones como ésta pueda comprometer el éxito de plan alguno en la legítima defensa del Estado democrático frente al terrorismo.

“Frente a la petición de traslado se produjo el rechazo por la Administración por resolución de 11 de Junio de 1997. El interno acudió en queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria que la desestimó mediante los autos que ahora se impugnan, estableciendo que no era posible acordar la libertad condicional por razón de enfermedad del interno. Esa aparente incongruencia no es tal, pues, se explica por la providencia de 10 de noviembre de 1997 en la que se razona sobre la falta de competencia del Juzgado de Vigilancia para conocer del fondo del asunto, lo que ya se establecía en la parte dispositiva del auto de 12 de Septiembre de 1997.

“El Tribunal piensa que, en general, es correcto el planteamiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y que los recursos contra las resoluciones administrativas que anulan o deniegan los traslados de los internos son los propios de la jurisdicción contencioso - administrativa. Pero ello, ha de entenderse que tiene una excepción, por razón de especialidad, si esa resolución afecta a los Derechos Fundamentales como es el caso presente, pues en este caso la tutela de los mismos corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria conforme al artículo 76 G de la Ley Organica General Penitenciaria, y  en vía de apelación a este Tribunal.

“En consecuencia, puede y debe por este Tribunal estimarse la queja en el sentido de que ha de garantizarse al interno el tratamiento más adecuado a su enfermedad, sin que pueda ser obstáculo para ello la necesidad de traslado a un centro penitenciario cercano a la residencia que ofrece el tratamiento más esperanzador para la dolencia del recurrente”.

3. De presos enfermos:

La normativa vigente dispone que los desplazamientos de detenidos, presos y penados se deben efectuar de forma que respeten su dignidad y derechos (art. 36.1 del Reglamento Penitenciario). Por tanto, deben primar los criterios médico-sanitarios sobre cualesquiera otros a la hora de realizar la conducción, que deberá ser en ambulancia en caso de enfermedad. Sin embargo, los traslados de los presos enfermos suelen realizarse en los “canguro” en vez de en ambulancia. Una vez aprobada la consulta, la fuerza pública se encargará de la conducción y posterior custodia del enfermo (art. 35.2 del Reglamento Penitenciario). En estos casos el enfermo irá acompañado, en su caso, del personal sanitario penitenciario necesario que el director designe (art. 36.4 del Reglamento Penitenciario).


4. Condiciones del vehículo:

El art.36.1. RP establece que los traslados han de realizarse en unas condiciones que respeten la dignidad y la seguridad de los presos. Cuando el traslado se hace por carretera utilizando unos vehículos que carecen de las adecuadas medidas de seguridad al no tener ventanas, carecer de luz, e ir los ocupantes esposados dentro de unos estrechos compartimentos de hierro, se trata de una situación no sólo insalubre sino extremadamente peligrosa en el supuesto de un accidente. Con ello la Administración Penitenciaria incumple con el mandato legal de velar por la vida, la integridad y la salud de los internos (art. 15 de la Constitución) al entregar a éstos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sean trasladados en vehículos cuyas características no garantizan el modo en que es debido aquellos derechos (Auto Audiencia Provincial de Bilbao de fecha 31 de diciembre de 1987); de esta forma se vulnera la prohibición constitucional a someter a las personas a penas y tratos inhumanos y degradantes (art. 15 de la Constitución) (auto Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla de fecha 3 de junio de 1988), así como la regla 45 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU 1973) en la que se prohibe terminantemente “el traslado de detenidos, presos y penados en malas condiciones de ventilación o de luz, o por cualquier medio que suponga un suponga un sufrimiento físico”. Esta situación se trata de un duro sufrimiento, no sólo físico sino también psicológico: desorientación espacial, angustia y ansiedad, claustrofobia, falta de ventilación, falta de luz.

También los arts. 4.2 a) del Reglamento Penitenciario y 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recogen estos principios básicos de respeto a la salud, a la integridad física y moral, y a la dignidad que merece cualquier ser humano. El hecho de que un preso se vea privado de su libertad no implica que pueda ser tratado de cualquier manera faltándose a su condición de persona como así está sucediendo en las condiciones en las que habitualmente se hacen los traslados.

5. Resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid

5.1 Limitación de peso de los objetos transportados en los traslados:

“Cierto es que esta Sala, en anteriores pronunciamientos se inclinó por entender que, dado que le corresponde a la Administración Penitenciaria organizar los traslados de forma que se respeten la dignidad y derechos de los internos y la seguridad de la conducción, así como dotar a los internos de ropa interior, exterior y de abrigo y del equipaje y utillaje necesario, que comprende la ropa de la cama, y dado que los internos tienen derecho a disponer, salvo limitaciones excepcionales, de libros, periódicos y revistas de libre circulación, debería corrresponderle hacer frente al costo que el traslado de dichas pertenencias acarreara a los internos trasladados. Pero, por otra parte, es razonable que la Administración limite el peso de los objetos transportados junto al interno en cada traslado, así como que disminuya al máximo el número de bultos o maletas, pues es evidente que ello facilita el control de lo que se porta, evita pérdidas y posibilita utilizar medios de transporte de capacidad limitada.

“Por ello, no es poco, razonable, ni atenta a la dignidad humana, la limitación a un bolso de viaje o maleta, y a 25 kgs. de peso, como equipaje de mano, o de simultáneo transporte al traslado, si a ello unimos que el Reglamentos Penitenciario, en vigor, recoge en su artículo 318 -1 y 2, las condiciones de traslado de material, de obligado cumplimiento, se ha de mantener la resolución impugnada, pues en los anteriores no se aplicó el Reglamento Penitenciario ahora en vigor, y éste da solución a los casos que se presenten, a tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo, ya que esta petición y queja ya se rige por el Reglamento aprobado por Real Decreto de 190/96 de 9 de Febrero” (Auto 320/98 de fecha 24 de marzo de 1998).

5.2 Improcedencia de traslado a establecimiento penitenciario militar:

“El Centro Penitenciario y luego el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria denegó el traslado del recurrente al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares. “A tenor del artículo 8 del Código Penal Militar, las previsiones contenidas en su articulo 42 son aplicables a quienes tengan la condición de militares y durante el tiempo en que se hallen en cualesquiera de las situaciones de actividad o reserva. A partir de la exigencia de estos dos requisitos, el recurso no puede ser estimado, pues el recurrente pasó a la situación de excedencia voluntaria el 17 de agosto de 1.992, lo que significa, a los efectos que ahora nos interesan, que si bien mantiene la condición de militar (que perderá si antes del 27-8-2007 no solicita el cese de su actual situación), no se encuentra en activo ni en la reserva” (Auto 608/98 de fecha 22 de mayo de 1998).

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